Por Paloma Muñoz – Docente universitaria.
¿Qué les pasa a los políticos cuando les temen a los libros? La censura literaria no comienza, como suele imaginarse, con el fuego ni con las hogueras. Empieza de forma más sutil, casi imperceptible: con la sospecha. De pronto, el poder decide que ciertos relatos son peligrosos, inconvenientes o simplemente “inoportunos”. Y entonces interviene.
Lo ocurrido recientemente en Medellín no gira únicamente en torno a un libro. En el fondo, la disputa es otra: ¿quién tiene derecho a narrar la historia? La decisión del alcalde Federico Gutiérrez de cancelar la presentación de un texto sobre el M-19 en una biblioteca pública puso en evidencia una tensión más profunda que la anécdota administrativa. El libro en cuestión abordaba el tránsito de esa guerrilla hacia la política legal, un capítulo complejo de la historia colombiana que no cabe en lecturas simplistas: violencia y democracia entrelazadas en el proceso que desembocó, entre otros hitos, en la Constitución de 1991.
La reacción institucional no parece ser solo un rechazo a un contenido específico, sino a una forma de interpretar la memoria. Y ahí emerge el problema de fondo: cuando el Estado decide qué versiones del pasado pueden circular, deja de ser garante de la democracia para convertirse en editor ideológico.
Por eso, empleo la metáfora de la inquisición y no resulta exagerada. En aquel tiempo, los libros no se prohibían únicamente por lo que decían, sino por lo que podían provocar. Recordemos como la Inquisición (tanto la española como la romana) prohibió activamente una gran cantidad de libros para controlar la difusión de ideas consideradas heréticas, inmorales o peligrosas para la fe católica. Hoy no hay hogueras, pero sí prácticas equivalentes: la cancelación de eventos culturales en espacios públicos, la estigmatización de autores o enfoques académicos, y el uso de normas administrativas como filtros que limitan la circulación de ideas. El mecanismo es el mismo, aunque más sofisticado: no se prohíbe leer, pero se dificulta que se lea.
Pero este fenómeno no es exclusivamente colombiano. En Estados Unidos, la reciente ola de restricciones en bibliotecas escolares ha llevado incluso a cuestionar la presencia de obras de Gabriel García Márquez, bajo el argumento de “proteger” a los estudiantes. En varios estados, libros que abordan temas de raza (etnias), género o historia crítica han sido retirados, reduciendo el acceso a perspectivas diversas. En Europa del Este, países como Hungría y Polonia han impulsado políticas que buscan fijar versiones oficiales del pasado, restringiendo aquellas narrativas que desafían y cuestionan los relatos patrióticos dominantes.
Lo verdaderamente preocupante no es la cancelación de un evento aislado, sino la lógica que la sostiene. Cuando un gobernante decide que un libro no debe presentarse en un espacio público por su contenido, se cruza una frontera peligrosa: se pasa de la gestión cultural a la vigilancia ideológica, del debate al control, de la pluralidad a la uniformidad. Incluso cuando estas decisiones se justifican en marcos legales, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿se está aplicando la norma o se está instrumentalizando para silenciar?
Y, sin embargo, hay una paradoja que el poder parece olvidar. Censurar es amplificar. Como ha ocurrido tantas veces en la historia, el intento de prohibir termina despertando mayor curiosidad, más lectores, más debate. Lo que se quiso ocultar se expande. Lo que se quiso callar encuentra nuevas voces.
Esto revela una verdad incómoda: los libros no se controlan como los discursos oficiales. Circulan, se filtran, reaparecen. Insisten.
Más que un episodio puntual, lo ocurrido en Medellín abre una pregunta crucial para la democracia colombiana: ¿queremos instituciones que administren espacios culturales o que definan qué se puede pensar en ellos? Por eso, la defensa de la lectura deja de ser un asunto meramente cultural y se convierte en un acto profundamente político.
Leer y permitir leer sigue siendo, al final, una forma de resistencia frente a cualquier poder que pretenda decidir por todos, qué historias merecen ser contadas.
