Por: Felipe Solarte Nates
Fuera del protagonismo de la vicepresidenta Francia Márquez en las frenteras críticas al presidente por su protección a Benedetti y a Laura Sarabia, a quien acusó de ningunearla e irrespetar su investidura, y al proceso de “paz total” y sus efectos negativos en la mayoría de municipios, cuando grupos armados aprovecharon el cese al fuego con el ejército para enfrentarse entre ellos por apoderarse de más territorios; el departamento del Cauca fue tema en el Consejo de ministros cuando el ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que en El Plateado, no pudieron implementar proyectos y obras por falta de coordinación entre ministerios y entidades del gobierno.
Así se expresó Francia Márquez al referirse a los efectos de la paz total:
“Me duele que en este gobierno que ayudé a elegir (…) se presenten tantos actos de corrupción. (…) Me interesa responderle a mi gente, a mi pueblo, al municipio de Suárez, a mi departamento del Cauca. A mis tías, que ayer estaban en medio del conflicto armado, debajo de una cama, llamándome a mí, diciéndome, Francia, ¿qué hacemos? Nos van a matar aquí. (…) A mí me duele que mi gente me diga que estaba mejor antes de que yo llegara a ser parte de este gobierno. (…) Y entonces ahí yo digo, ¿dónde está la política de la paz total?”,
Preocupante, cuando recordamos imágenes de medio gabinete ministerial llegando en helicópteros, acompañados de periodistas de principales medios de comunicación de Bogotá, todos provistos de chalecos antibalas y cascos militares, entrando a El Plateado ofreciendo transformar la población y la región con obras y proyectos productivos, después que el ejército logró desalojar de sus cuarteles a guerrilleros marginados de negociaciones de paz total.
Disidencias de FARC reconocidas como EMC para negociar con este gobierno, quienes durante décadas estuvieron enseñoreadas administrando cultivo y procesamiento de miles hectáreas de coca, minería legal, “administrando justicia” y coordinando financiación y construcción de obras que debería hacer el Estado, como la carretera hasta orillas del río Micay, y que en lancha permite arribar a López del Micay, al océano Pacífico y exportar cocaína, oro y entrar armas en alianza con cárteles mexicanos.
Mientras coparon más territorios, gracias a ausencia de entidades del Estado que no llegaron a los dejados por las FARC desmovilizadas al final del gobierno de Santos y tampoco en los cuatro años de Duque y el tiempo transcurrido del de Petro, aprovecharon el cese al fuego de la paz total para disputarse con el ELN los municipios de la cordillera occidental colindante con el Pacífico.
Después, la guerra entre guerrillas se extendió a otras regiones del Cauca aprovechando que con el cese al fuego el ejército frenó acciones ofensivas y ellos dejaron de atacarlo, lo que les permitió concentrar sus tropas e incrementar el reclutamiento de menores, minería ilegal y extorsión, en municipios de la cordillera central donde antes del acuerdo de paz con el gobierno de Santos operó el VI Frente y la columna móvil Jacobo Arenas, enfrentándose al ELN con población civil en medio, amenazando y asesinando líderes indígenas, campesinos, de juntas de acción comunal y ambientalistas que se les oponen en su objetivo de controlar las áreas rurales de: Toribio, Caloto, Santander de Quilichao, Jambaló, Caldono, Silvia, Totoró, Puracé, Inzá, Belalcázar, sur del Huila y Caquetá y Putumayo
Inexplicable que, a 18 meses de terminar el periodo presidencial, cuando el payanés Luis Fernando Velasco Chávez estuvo durante año y medio como ministro del Interior, no hayan tramitado cerca de $15.000 millones de la UNGRD para asegurar comprar fincas dónde reubicar familias damnificadas por el fenómeno geológico que se tragó, además de sus parcelas, un trecho de la carretera Panamericana. Negligencia que generó bloqueos a la Panamericana.
Con mayor razón al destaparse los negociados de carrotanques y jagueyes en la Guajira, donde movieron más de $100.000 millones, fuera de centenares de miles de millones, que, en la dirección de Olmedo López, iban a destinar al Cesar, Santander y Córdoba, donde no había emergencias, pero se las inventaron para justificarlos.
Inexplicable, cuando el Cauca, junto a Nariño, votaron por el presidente Petro y a raíz del prolongado trancón sufrido en la carretera Panamericana por el movimiento de tierras en Rosas, prometió la doble calzada Popayán-Pasto, iniciando con la variante Timbío-El Estanquillo, para bordear la falla geológica de El Romeral, y para la cual ya abrieron el prepliego, pero en medio de la escasez de recursos que presenta el gobierno desde 2024, aún no tiene asignación presupuestal para la vigencia del 2025.
También hay que recordar que en el segundo trimestre del 2024, el director de Planeación Nacional, Alexander López, durante 15 días desplazó a Popayán a cerca de 20 funcionarios del DNP para conocer propuestas de obras y proyectos formuladas por representantes comunitarios, alcaldes y funcionarios de Planeación de municipios, con el propósito de incluirlas en el “Pacto por el Cauca”, del cual no han hecho presentación oficial sobre qué se proponen financiar y ejecutar, entre carreteras, acueductos, hospitales, sedes universitarias y otros proyectos solicitados desde los municipios y que el gobierno prometió ejecutar.
Cuando anunciaron visita del presidente Petro para presentar programas y proyectos del “Pacto por el Cauca”, estalló la actual crisis de El Catatumbo y su viaje debió ser cancelado.
En medio de la agudización del conflicto armado en el Catatumbo y el remezón en su gabinete, el gobierno no debe olvidar al Cauca, cuando la Defensoría del Pueblo alerta: que situación parecida podemos vivirla en el departamento donde grupos armados se disputan el control del territorio sin importarles la suerte de la población civil en medio.
