Por Eduardo Nates López
Sin duda, este es un tema hirsuto porque, por donde se le toque, puede uno resultar chuzado…
No se trata de cuestionar, de manera torpe y simplista, el hecho teórico de mejorar la capacidad adquisitiva de los colombianos, incrementando el valor del salario mínimo legal. ¡Ni más faltaba! Pero no se puede negar que para tomar decisiones trascendentales en este ámbito, es imprescindible escuchar la voz de los empresarios (pequeños, medianos y grandes) y de expertos economistas y analistas, dada la profunda incidencia del salario en el esquema de costos de la producción y del funcionamiento del país.
Y, como era de esperar, el gobierno Petro no tuvo la mínima decencia de escuchar al sector productivo con sus análisis y propuestas, en un tema de tanta importancia. Con tal de ejercer su peligroso populismo, no tuvo inconveniente en lanzar por decreto, con alevosía, un incremento desmesurado, pisoteando los planteamientos de los empresarios y las consideraciones sobre los factores inflacionarios que ha venido contemplando el Banco de la República.
El salario mínimo legal mensual pasa de $1.300.000 mensuales en 2024, a $1.423.500 mensuales en 2025, lo que conlleva un aumento de $123.500, equivalente al 9.5%… Y el subsidio de transporte lo eleva de $162.000 mensuales en 2024, a $200.000 mensuales en 2025; con un incremento de $38.000 mensuales, equivalente al 23.5%… (Es aquí donde mimetiza como le da la gana el desborde populista.) Esto significa que, en total, el pago mensual de un trabajador se incrementará en el 11.05%, índice que desborda con creces las precauciones y recomendaciones de los expertos y que Petro se pasa por donde sabemos…
Como en economía todo está concatenado, lo que se incrementa en una punta rebota en la otra y la carambola poco a poco va adquiriendo su propia velocidad. La espiral alcista ya está en su punto de arranque y las consecuencias comienzan a vislumbrarse. A pocas horas de haberse expedido la medida gubernamental, ya se escuchaba la intención de ajustar fuertemente las plantas de personal de toda clase de empresas y negocios. Quienes, de manera heroica frente a las amenazas que a diario espeta este gobierno, estaban pensando en hacer inversiones nuevas o ensanchar las existentes, ya comenzaron a abortarlas…
Para poner un par de ejemplos prácticos: Los finqueros y empresarios del agro ya comenzaron a dejar “enmontar los potreros”… Y los constructores de vivienda comenzarán a restructurar sus proyectos y a recalcular los precios de venta, con las consecuencias imprevisibles que genera el hecho de desencajar este motor de la economía que es la construcción.
Estaremos pendientes de la evolución de las estadísticas del empleo; de la apertura (o cierre) de nuevas empresas; del comportamiento del comercio y de las empresas de servicios, etc… Y especialmente de los comentarios callejeros que son el mejor termómetro de la situación de un país emergente y “tercer-mundista” como Colombia, donde cualquier medida económica improvisada estremece hasta los cimientos del frágil andamiaje de una economía precaria.
En Colombia, un país que sufre de enanismo empresarial, (ya que el 94% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores), y con el mayor desempleo de Suramérica, (9.1% de la población), el golpe irresponsable del aumento del salario mínimo en el doble de la cifra de inflación será devastador para la formalización del empleo. En enero se liquidarán muchos trabajadores. Pero eso a Petro no le importa pues él jamás en su vida ha creado un empleo… ¡No conoce las dificultades de quienes sí lo generan! Además, le hará más difícil el trabajo a la Junta del Banco de la República (nombrará 2 miembros)… en su tarea de controlar la inflación y para ello no veremos una mayor disminución de las tasas de interés. Veremos, sí, otro año de un gobierno errático, agresivo y delirante, no solo porque el tiempo se le acaba y nada logra concretar como legado, sino porque no podrá imponer reemplazo … (y menos aún, si al país le quiere poner un corcho…)
