Juan Pablo Matta Casas
La denuncia pública que realiza Luna, una estudiante de Unicauca, es mucho más que una narración personal; es un acto de resistencia frente a una problemática estructural que afecta a miles de mujeres en nuestro país. Su valentía para relatar su historia nos interpela como sociedad y nos obliga a reflexionar sobre cómo la inacción y el silencio institucional perpetúan dinámicas de abuso y violencia de género. No se trata de un caso aislado, ni de una excepción; es un síntoma de un sistema que no ha sabido proteger a las víctimas, y que, en muchas ocasiones, se convierte en cómplice de quienes abusan de su posición de poder.
Recientemente, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra un docente de la Universidad del Cauca, acusado de acoso y violencia sexual contra al menos once estudiantes, en hechos que habrían ocurrido entre 2009 y 2023. Estos cargos incluyen faltas gravísimas a título de dolo, una calificación que demuestra la gravedad de los hechos. Además, la Procuraduría también imputó cargos por omisión contra el decano de la Facultad de Derecho y otros funcionarios, señalándolos por su falta de acción frente a denuncias previas. Según las investigaciones, las quejas contra el docente permanecieron archivadas o fueron minimizadas durante años, evidenciando una clara violencia institucional.
Es preocupante que, en pleno siglo XXI, la violencia contra las mujeres siga siendo normalizada y desestimada en espacios que deberían ser seguros y formativos. La Universidad del Cauca, una institución histórica y emblemática, no puede seguir ignorando la responsabilidad que tiene en garantizar la seguridad y el bienestar de sus estudiantes. Su inacción no solo pone en riesgo la integridad de las víctimas, sino que afecta gravemente su reputación y credibilidad como espacio académico.
A todas las víctimas de violencia de género que han sido silenciadas por el miedo, la vergüenza o la falta de apoyo, les extiendo un llamado desde la solidaridad y el respeto: denuncien. Sus voces son poderosas y necesarias para romper el ciclo de impunidad que permite que estas situaciones se repitan. No están solas; existen personas, organizaciones y colectivos que están dispuestos a escucharlas, apoyarlas y acompañarlas en su búsqueda de justicia.
La denuncia de Luna es un ejemplo de que el silencio no debe ser una opción. Su decisión de alzar la voz, pese a los riesgos personales y emocionales que ello implica, nos demuestra que el primer paso para cambiar las cosas es visibilizar las problemáticas. Es cierto que el camino no es fácil, y que muchas veces las instituciones encargadas de impartir justicia revictimizan a quienes buscan protección. Sin embargo, cada denuncia es un acto de resistencia y un recordatorio de que la sociedad no puede seguir ignorando estas realidades.
Es igualmente necesario que los sectores políticos de los que provienen los victimarios realicen una profunda autocrítica. No basta con condenar públicamente estas conductas; es imperativo cuestionar las estructuras que permiten y fomentan estas dinámicas de abuso. En el caso de la Universidad del Cauca, resulta indispensable que se revisen las prácticas, los protocolos y la cultura institucional que han permitido que estos hechos ocurran durante más de una década sin consecuencias significativas para los agresores.
Los espacios académicos, políticos y sociales deben asumir su responsabilidad en la prevención de la violencia de género. Esto implica no solo sancionar a los responsables, sino también educar a sus miembros sobre la importancia del respeto, la igualdad y la erradicación de las conductas machistas y abusivas. La autocrítica debe ir acompañada de acciones concretas que demuestren un compromiso real con el cambio.
Es hora de actuar. Luna y todas las víctimas de violencia de género merecen justicia, reparación y garantías de no repetición. Como sociedad, tenemos el deber de respaldarlas y exigir a las instituciones que cumplan con su deber de protegerlas. No más silencio, no más complicidad, no más inacción. Es momento de construir un futuro donde el respeto y la dignidad sean la norma, y no la excepción.
