Juan Pablo Matta Casas
La denuncia hecha por la periodista Diana Coronado sobre la operación de una escuela de reclutamiento y adoctrinamiento de menores por parte de las disidencias de las FARC en el norte del Cauca debería estremecer a las instituciones y generar una respuesta inmediata y contundente del Estado. Sin embargo, lo que encontramos es un desolador silencio institucional y una aparente incapacidad del Gobierno Nacional para proteger a nuestros niños de esta gravísima violación de derechos humanos. Estos menores, sometidos al adoctrinamiento ideológico y al entrenamiento militar, no solo son despojados de su infancia, sino que también son empujados a un conflicto que no escogieron, bajo la sombra de la violencia y el miedo.
El material revelado en los últimos días, que muestra a niños entrenando con armas de largo alcance y aprendiendo técnicas de guerra, no puede ser ignorado ni reducido a una estadística más en el extenso historial del conflicto colombiano. Cada uno de esos menores representa una tragedia personal, una familia fracturada, un futuro arrebatado. La escuela Hernando González Acosta, que sigue operando décadas después de haber sido fundada por el mismo líder guerrillero que marcó la historia de violencia en el país, simboliza el fracaso colectivo de nuestras instituciones para garantizar los derechos fundamentales de los más vulnerables.
Es inadmisible que estas estructuras sigan existiendo con relativa impunidad, pese a las alertas constantes de organismos como la Defensoría del Pueblo y las denuncias de comunidades afectadas. La responsabilidad de frenar este atropello no puede recaer únicamente en las organizaciones sociales o en los líderes comunitarios que alzan la voz. Es el Gobierno Nacional, junto con las fuerzas de seguridad del Estado, quienes tienen el deber constitucional y moral de intervenir de manera decisiva para desmantelar estos campamentos y garantizar la protección de los niños reclutados.
El Ejército Nacional y la Policía deben asumir su rol protagónico en este contexto, actuando con firmeza para ubicar y desarticular estas estructuras ilegales que perpetúan el sufrimiento de las comunidades. No puede ser que estos grupos armados sigan operando con tal descaro. Se necesita una estrategia articulada que priorice no solo la desmovilización de los menores involucrados, sino también su reintegración a la sociedad, asegurando su acceso a educación, salud mental y oportunidades de desarrollo.
El Gobierno Nacional, que parece más preocupado por discursos políticos vacíos, debería enfrentar las realidades brutales que viven los colombianos en las regiones más vulnerables. ¿Cómo es posible que, mientras se habla de la paz total, estos niños sean utilizados por grupos armados ilegales? Es inaceptable que la atención se centre en mesas de diálogo que muchas veces ignoran a las víctimas más directas de este conflicto. La retórica no basta; necesitamos acciones concretas y urgentes que reflejen un verdadero compromiso con la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento de la Constitución.
No se puede permitir que el Estado siga fallando en su obligación de proteger a la niñez, especialmente en territorios históricamente golpeados por la violencia. Los niños del norte del Cauca no pueden seguir siendo víctimas invisibles de un conflicto que parece no tener fin. La omisión de las autoridades, la indiferencia gubernamental y la falta de estrategias efectivas para enfrentar este flagelo son una afrenta directa a la dignidad y al futuro de estas comunidades.
Es hora de que el Presidente de la República y su equipo de gobierno dejen de mirar hacia otro lado y asuman la responsabilidad que les corresponde. Colombia no puede aceptar que una nueva generación sea criada bajo el yugo de las armas y el adoctrinamiento. Este país necesita una intervención decidida, en la que el Estado recupere el control de los territorios y garantice el respeto por la vida y la dignidad de cada niño.
Los niños del Cauca merecen algo más que palabras de indignación. Merecen acciones contundentes que reflejen la voluntad de un país decidido a protegerlos, a devolverles su infancia y a garantizarles un futuro digno. Es nuestro deber, como sociedad, exigirle al Gobierno Nacional que actúe con la urgencia y la determinación que este caso exige. No podemos permitir que estas atrocidades continúen ocurriendo bajo nuestra mirada indiferente.
