Por: Walter Aldana Q.
Este gobierno con responsabilidad patriótica ha asumido decisiones antipopulares; el aumento en el precio de la gasolina, el abono a intereses de deudas monstruosas con la banca internacional, hasta pedir perdón por atrocidades cometidas por funcionarios públicos, etc.
De igual forma el movimiento social alternativo que ayudó a subir al progresismo a la presidencia, no ha renunciado a la exigibilidad de los derechos comunitarios en la denominada justicia social (que junto con la paz total y la justicia ambiental, se constituye en uno de los tres pilares base del plan de desarrollo nacional) y por eso que apoyamos en la calle las reformas proyectadas por el progresismo y voceriadas hoy día por el presidente Gustavo Petro.
Siempre dijimos que una “estrategia”, para enfrentar el subdesarrollo, generar la inclusión y las oportunidades para los territorios y las gentes, más alejadas, sería la inversión social de reales y sonantes rublos económicos, pesos, destinados para cubrir parte de las necesidades básicas insatisfechas de la denominada otra Colombia, abandonada por el proyecto neoliberal y aperturista, que nos condenó al abandono, la pobreza y la desesperanza.
Por ello asombra, que la “misión Cauca, ahora llamado pacto Cauca”, lo hayan puesto en el “padrinaje”, del ministerio de defensa, cuando la lógica elemental, el sentido común, nos dice que debe estar bajo el tutelaje del ministerio de la inclusión, el DPS y planeación nacional.
A su vez los grupos armados y concretamente la estructura que tiene asiento, presencia, ejercicio real de poder de definición sobre el territorio y las personas que habitan el cañón del Micay (y otras zonas del departamento), desde el pensar de las armas, de la economía de la hoja de coca, de la tequila y los corridos mexicanos, han impuesto la lógica del miedo en unos casos y la aceptación en otros, ellos sabían que algún día llegaría la fuerza pública a desalojarles del casco urbano del Plateado.
Los habitantes se encuentran en medio del fuego cruzado, por una parte la institucionalidad que en no pocas declaraciones, estigmatiza a la población de esta localidad cómo receptora de órdenes de los armados, la disidencia que pretende instrumentalizarla para por ejemplo desalojar del territorio al ejército nacional, generar azonadas, etc.
Y con el anterior marco llegan en “caravana”, cual Ucrania; tanquetas, mil cuatrocientos hombres, a “sorprender” y relegar al grupo, y desde ahí el trillado discurso: “no hay un metro de tierra de la patria vedado para nuestra fuerza pública”, pretendiendo borrar de un plumazo lo acontecido allí los últimos treinta años. A los dos días, la “oferta institucional”, unos señores y señoras con chalecos antibalas y cascos blindados (la presencia civil del estado!!), ministros, director@s de entidades públicas, en la búsqueda puerta a puerta de con quién hablar, a quien explicar que ahora sí llegó el gobierno con la intención de anexarlos a la patria, mientras los pobladores les miran cómo a seres venidos de otro planeta, pues su indumentaria se les parece a la de quienes les han ido en gobiernos pasados a quitar, erradicar, lo que les da su sustento.
No hera dificil haberlo echo bien, claro está si hubiesen preguntado cómo llegar al territorio?, que debia ser primero: la ocupación militar por un tiempo o la inversión social?, o las dos de forma paralela?, ganar la confianza con la población se hace sin selfies, escuchándolos, concertando las inversiones, que sea la población la que priorice las obras y políticas públicas a implementar, vistiendo como ellas y ellos y comprendiendo la institucionalidad; que son varias décadas de sujeción a otro tipo de gobierno en su terruño.
