Por Paloma Muñoz – Docente universitaria.
Por lo general la historia ha ido bautizando las guerras con el territorio agredido y eso no es casual como, por ejemplo: La “guerra de Vietnam”, la “guerra de Irán”, la “guerra de Afganistán”, la “guerra de Gaza” y no se hace, con el nombre del agresor. Esta operación lingüística, aparentemente neutra, es en realidad profundamente política: desplaza la responsabilidad, difumina la violencia estructural y reconfigura la percepción pública del conflicto. Por eso es que, en el lenguaje no hay inocencia, porque nombrar es tomar posición, delimitar significados y fijar memorias.
Cuando se dice “la guerra de Vietnam”, ¿de quién es realmente esa guerra? ¿Del pueblo vietnamita que resistió invasiones y bombardeos, o de la potencia que desplegó su maquinaria militar sobre su territorio? La formulación sugiere, de manera sutil pero persistente, que el conflicto pertenece al lugar donde ocurre, no a quien lo provoca. Es una forma de inscribir la violencia en la geografía de la víctima y no en la voluntad del agresor.
Este mecanismo no es nuevo. A lo largo de la historia, los relatos dominantes han tendido a construir versiones donde el poder se nombra a sí mismo desde la legitimidad, mientras nombra al otro desde la pasividad o incluso desde la culpa. Así, el lenguaje se convierte en un campo de batalla simbólico donde se disputa no solo el presente, sino también la memoria futura.
Nombrar una guerra por el territorio atacado contribuye a naturalizar la violencia como algo que “sucede allí”, como si fuera inherente a ese lugar, a su cultura o a su gente. Se pierde de vista la intencionalidad política, económica o geoestratégica que impulsa la agresión. En cambio, si habláramos de “la invasión estadounidense a Vietnam” o “la agresión contra Irán”, el eje cambiaría radicalmente: la responsabilidad se haría visible, el agresor tendría rostro, y la historia sería más difícil de manipular.
Lo inquietante no es solo la magnitud de los hechos, sino la aparente capacidad del mundo para continuar sin una conmoción proporcional. Como en las guerras mal nombradas, hay un desplazamiento: la atención se dispersa, la responsabilidad se diluye y la memoria se vuelve frágil.
En las guerras y los crímenes de poder, el problema no es únicamente lo que ocurre, sino cómo se narra. El lenguaje no solo describe la realidad: la construye, la legitima o la cuestiona. Cambiar la forma de nombrar no es un gesto menor; es un acto político porque al nombrar explícitamente al agresor, implica recuperar la densidad política de los hechos. Es devolverle a la palabra su capacidad de incomodar. Y renombrar es una forma de resistencia.
Quizás la tarea urgente no sea solo denunciar la violencia, sino también desmontar las palabras que la encubren. Nombrar correctamente es, en cierto sentido, empezar a hacer justicia.
Por eso evocando al filósofo colombiano Estanislao Zuleta dijo: “cuando se cede en las palabras, se cede en las acciones” nos permite comprender como opera el poder en lo cotidiano, no es una advertencia retórica, es una descripción precisa de un proceso histórico: la forma en que el lenguaje prepara, legitima o encubre la realidad.
Por eso, recuperar la tensión en las palabras —no ceder en ellas— es una tarea política de primer orden. No se trata de imponer un nuevo dogma lingüístico, sino de abrir preguntas: ¿quién nombra?, ¿desde dónde?, ¿a quién beneficia esa forma de decir?
