Por Juan Carlos López Castrillón
Después del 8 de marzo, es posible afirmar que se consolida un nuevo tablero político en Colombia. No se trata solo de una coyuntura electoral, sino de una reconfiguración más estructural de los bloques sociales, sus representaciones y sus formas de participación.
El Pacto Histórico hoy recoge e interpreta a una porción significativa del electorado más inconforme y excluido: ese segmento del país que durante décadas fue base del Partido Liberal, pero que este dejó de representar al alejarse de sus banderas sociales. Ese vacío político no desapareció; se transformó. Hoy se expresa en un electorado altamente movilizable, sensible a discursos de reivindicación y que, en buena medida, ha sido beneficiario de políticas sociales recientes, así como de medidas como el incremento del salario mínimo. No es solo un voto ideológico: es también un voto de expectativa y de respuesta a condiciones materiales.
En el otro extremo, el empresariado y los sectores de ingresos medio-altos y altos mantienen una identificación clara con las distintas expresiones de la derecha. Allí, el Centro Democrático actúa como eje articulador, aunque partidos como el Conservador, La U y Cambio Radical continúan cumpliendo un papel funcional dentro de ese espectro. Es un bloque con mayor cohesión programática en lo económico y con capacidad de financiación, que además podría ampliarse hacia posiciones más radicales, como ya se observa en otros países donde emergen derechas más duras.
La clase media, por su parte, sigue siendo el actor más inestable del tablero. Es, en gran medida, una clase de opinión: medio informada, crítica, pero fragmentada. Carece de una representación política consistente que logre canalizar sus intereses y aspiraciones. Por eso, dispersa su voto entre múltiples opciones y termina diluyendo su capacidad de incidencia. Es la expresión más cercana de ese “centro” político tan disputado como indefinido, al que todos apelan pero que nadie logra estructurar de forma sólida.
Finalmente, una porción nada despreciable del poder electoral sigue en manos de las estructuras regionales. Son redes que operan sobre la base del clientelismo, el favor individual y la gestión de obras de impacto limitado, pero altamente visibles en lo local. Aunque esta lógica pueda parecer simple o incluso precaria, su eficacia es indiscutible: son determinantes, especialmente en elecciones territoriales, y en muchos casos inclinan la balanza en contiendas nacionales.
En este contexto, los retos para quienes aspiran a cargos de elección popular son cada vez más exigentes. Salvo contadas excepciones, el acceso real al poder parece depender de tres factores: pertenecer a un partido con control de listas cerradas y capacidad de ordenamiento interno; ser la expresión de maquinarias políticas regionales consolidadas; o contar con un volumen significativo de recursos económicos, muchas veces por fuera de los canales formales.
Este es, en síntesis, el tablero actual: más segmentado, más realista en sus motivaciones y, al mismo tiempo, más complejo para quienes pretenden transformarlo. Todo lo anterior se expresará en la elección presidencial, donde además de todo lo anterior, primarán el voto útil y el voto en contra. Pero bueno, eso amerita otra columna.
