En el marco de la operación “Cursed Gold”, las autoridades capturaron a cuatro personas y allanaron siete inmuebles en Santander de Quilichao que funcionaban como centros de acopio clandestinos.

En un contundente golpe contra las finanzas de las organizaciones criminales que lucran con la explotación ilícita de recursos naturales, la Policía Nacional, en una acción coordinada con la Fiscalía General de la Nación, logró el desmantelamiento de una poderosa red ilegal de compraventa de oro que operaba en el departamento del Cauca.
La ofensiva judicial, denominada operación “Cursed Gold”, se concentró en el municipio de Santander de Quilichao, donde las unidades policiales desplegaron de manera simultánea siete diligencias de allanamiento y registro. Estas acciones permitieron intervenir varios inmuebles que, bajo la fachada de comercios locales, funcionaban en realidad como centros de acopio y bases de operaciones para la negociación clandestina del preciado metal.
El ‘modus operandi’ del oro de sangre
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, en estos lugares se realizaban millonarias transacciones del mineral sin ningún tipo de control fiscal. Los encargados de los establecimientos omitían deliberadamente la verificación del origen del oro y no exigían la documentación legal obligatoria que acreditara su lícita procedencia.
Los uniformados de inteligencia Criminal revelaron que el material extraído provenía presuntamente de explotaciones mineras ilegales localizadas en las zonas rurales de los municipios de Santander de Quilichao y Suárez. Desde estas áreas selváticas y de difícil acceso, el oro era transportado bajo estrictas medidas de seguridad hacia el casco urbano para su posterior negociación, con el objetivo de introducirlo en el torrente financiero formal mediante un proceso de aparente legalización.
Capturas y arsenal incautado
El operativo arrojó la captura en flagrancia de cuatro personas, quienes presuntamente lideraban y custodiaban estos centros de acopio. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia y deberán responder por un alarmante concurso de delitos que incluye lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, fabricación y porte de armas de fuego, así como tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos.
Durante los registros a los inmuebles, los investigadores hallaron una gran cantidad de dinero en efectivo y elementos químicos de alta peligrosidad ambiental. El balance final de las incautaciones incluye:
Efectivo: $618 millones de pesos en billetes de diferentes denominaciones.
Metales: 310 gramos de oro y 500 gramos de plata.
Químicos: 2.633 gramos de mercurio y dos kilogramos de bórax.
Armamento: Un arma de fuego de corto alcance y tres armas traumáticas modificadas.
“Este resultado afecta drásticamente la cadena de valor de la minería criminal en la región”, señalaron fuentes oficiales tras el operativo.
Alerta ambiental por el mercurio
Un detalle que encendió las alarmas de las autoridades ambientales fue el hallazgo de los más de dos kilogramos de mercurio. Según el reporte oficial, este químico altamente tóxico no solo se usaba localmente, sino que era comercializado de forma ilegal para abastecer frentes de minería criminal en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, provocando daños irreparables en las fuentes hídricas del suroccidente colombiano.




