Por: Clara Inés Chaves R. (*)
El conflicto entre el gobierno de Daniel Noboa y Colombia no es un episodio aislado, sino la expresión de tres capas de tensión superpuestas: la crisis de seguridad ecuatoriana, la economía política del narcotráfico transnacional y la reconfiguración de la influencia estadounidense en la región.
Noboa llega al poder con un país atravesado por una ola de violencia asociada a bandas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, a las que declara objetivo de un “conflicto armado interno” y designa como organizaciones terroristas. En ese marco, empieza a construir un relato en el que buena parte de la descomposición ecuatoriana se explica por la acción de grupos criminales con origen o apoyo en países vecinos, particularmente Colombia, señalando a líderes de estructuras colombianas y a redes que utilizan la frontera binacional para tráfico de drogas, armas y oro ilegal.
El punto de quiebre visible se da cuando, tras acusar falta de cooperación de Bogotá en el control fronterizo, Noboa impone un “impuesto de seguridad” del 30% a todas las importaciones colombianas, alegando que el narcotráfico y el crimen transnacional llegan “desde el norte” y que Ecuador asume solo los costos de la lucha. Colombia responde con medidas espejo: tarifas del 30% a productos ecuatorianos clave, suspensión de venta de electricidad –de la que Ecuador depende para cerca del 10% de su consumo– y denuncia de que Quito optó por la escalada en lugar del diálogo cuando ya se preparaba una reunión ministerial en Ipiales. El conflicto pasa de una narrativa de seguridad a una guerra comercial y energética que golpea cadenas de valor, empleo fronterizo y estabilidad de precios en ambos lados de la línea limítrofe.
En este contexto, el papel de Estados Unidos es central. Noboa ha estrechado lazos con Washington justamente en la agenda de seguridad, hasta el punto de impulsar operaciones conjuntas contra el llamado “narcoterrorismo” y abrir la puerta a una mayor presencia militar y de inteligencia estadounidense en territorio ecuatoriano, presentada como cooperación solicitada soberanamente. Aunque una propuesta de base militar fue rechazada en referéndum, la arquitectura actual de colaboración incluye integración de inteligencia, vigilancia y plataformas de rastreo marítimo y aéreo, reforzando a Ecuador como socio privilegiado de la estrategia antidrogas de Washington en el Pacífico sur.
Para Colombia, esto tiene implicaciones sensibles. Por un lado, Bogotá queda expuesta a que su imagen internacional como país que transita del conflicto armado a la paz sea erosionada por un vecino que la señala como fuente de la inseguridad regional, en un momento en que aún enfrenta economías ilícitas, grupos residuales y disputas por corredores de narcotráfico. Por otro, la combinación de guerra comercial, tensión energética y creciente alineamiento de Quito con la agenda de seguridad estadounidense puede reconfigurar equilibrios históricos: Colombia deja de ser el único “socio estratégico” andino de Washington y debe competir e incluso coordinar con un Ecuador que adopta un enfoque más abiertamente punitivo y militarizado.
El trasfondo político es evidente: Noboa ha demostrado, desde el asalto a la embajada de México en Quito –una violación gravísima del derecho internacional que, paradójicamente, le rindió réditos internos–, que está dispuesto a tensar la cuerda externa para proyectar liderazgo y firmeza doméstica. La narrativa del “enemigo externo” y de la falta de cooperación extranjera le permite explicar la persistencia de la violencia, justificar medidas excepcionales y cohesionar a sectores internos alrededor de una agenda de seguridad de mano dura.
En síntesis, el conflicto con Colombia es menos una disputa puntual por aranceles o declaraciones diplomáticas, y más un capítulo en la estrategia de Noboa de recentrar el eje político ecuatoriano en torno a la guerra contra el crimen, con apoyo de Estados Unidos, aun al costo de fracturar la integración andina y tensionar la cooperación vecinal. Para Colombia, el reto es doble: contener el daño económico y energético inmediato, y evitar que se consolide una narrativa regional donde su territorio y su política de paz total aparezcan como el eslabón débil de la seguridad hemisférica.
(*) Ex diplomática, escritora, y analista internacional
