Juan Pablo Matta casas
Desde el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la convocatoria de una consulta popular para definir el futuro de las reformas laboral y de salud, el panorama político colombiano ha entrado en una nueva fase de incertidumbre y polarización. Más allá del discurso gubernamental sobre la supuesta necesidad de una decisión ciudadana directa, es evidente que esta estrategia no es más que un movimiento calculado con miras a las elecciones presidenciales de 2026. Petro ha transformado la gobernabilidad en una prolongada campaña electoral, instrumentalizando la democracia participativa para fines políticos y desviando la atención de los problemas estructurales que afectan al país.
El mecanismo de consulta popular, contemplado en la Constitución, no es en sí mismo una herramienta ilegítima. Sin embargo, su uso debe obedecer a principios de responsabilidad institucional y respeto por la separación de poderes. En este caso, la consulta no se plantea como un genuino ejercicio de democracia participativa, sino como una herramienta de presión sobre el Congreso y la Corte Constitucional, entidades que han tenido la responsabilidad de debatir y revisar las reformas propuestas. La estrategia de Petro busca deslegitimar a los órganos de poder que no han aprobado sin reparos su agenda legislativa y trasladar la decisión a la opinión pública con un tono populista.
Desde una perspectiva política, esta consulta es un intento por consolidar el respaldo popular con miras al próximo ciclo electoral. Petro ha entendido que su popularidad se ha erosionado y que las reformas que prometió en campaña no han avanzado al ritmo que esperaba. En lugar de gobernar dentro de los límites institucionales, ha optado por una maniobra que le permite presentarse como víctima de una clase política tradicional que, según su discurso, impide el cambio. Así, el presidente no solo elude su responsabilidad en el fracaso de sus propias reformas, sino que además polariza aún más el debate nacional.
Petro no está proponiendo una consulta sobre un asunto de trascendencia nacional que no pueda resolverse por los cauces tradicionales del Congreso. En realidad, está promoviendo una narrativa en la que su gobierno y su proyecto político son víctimas de un sistema diseñado para impedir la transformación. Con ello, alienta la confrontación social, refuerza el antagonismo entre sectores políticos y siembra dudas sobre la legitimidad de los contrapesos democráticos.
Desde un punto de vista jurídico, el proceso de consulta tiene múltiples vacíos e interrogantes. La Constitución exige que las preguntas sean claras, concisas y no den lugar a interpretaciones ambiguas. No obstante, si el propósito de la consulta es definir el futuro de reformas tan complejas como la laboral y la de salud, resulta difícil imaginar cómo se formularán preguntas que permitan a la ciudadanía tomar una decisión informada. La simplificación de debates tan técnicos en un mecanismo de sí o no puede resultar en una manipulación del electorado, lo que convertiría el proceso en un mero instrumento propagandístico.
La consulta también enfrenta riesgos operativos y de legitimidad. Para que sea válida, se requiere la participación del 33% del censo electoral, y es poco probable que se logre tal umbral sin una movilización estatal intensa. En este sentido, la estrategia del gobierno es doble: si logra la participación suficiente, puede utilizar los resultados como una herramienta para presionar a otras ramas del poder; si no lo consigue, podrá responsabilizar a la oposición y a los medios de comunicación por el supuesto sabotaje de su propuesta.
Otro aspecto a considerar es el impacto que esta estrategia puede tener en la economía y en la estabilidad institucional. Mientras el país enfrenta desafíos urgentes en materia de seguridad, desempleo y reactivación económica, el gobierno desvía sus esfuerzos hacia una consulta que no resuelve de manera inmediata los problemas estructurales. La incertidumbre generada por este tipo de maniobras tiene efectos negativos sobre la inversión y la confianza en las instituciones, pues proyecta una imagen de inestabilidad y falta de rumbo claro.
En definitiva, la consulta popular anunciada no es un ejercicio democrático en el sentido estricto del término, sino una estrategia electoral anticipada que busca reposicionar al presidente y su movimiento político de cara a los comicios de 2026, es populismo puro y duro.
