Por Paloma Muñoz – Docente universitaria
Hay instituciones que una democracia no puede tratar como simples edificios públicos. La universidad es una de ellas, porque no solo educa: también investiga, debate, cuestiona al poder y forma ciudadanos capaces de participar críticamente en la vida pública.
Por eso, defender la autonomía universitaria no significa justificar la violencia ni aceptar que los campus estén por encima de la ley. Significa proteger un espacio constitucional de libertad académica, deliberación y protesta, sin permitir que sea utilizado para cometer delitos o poner en riesgo la vida de otros. La tesis central de esta discusión debe ser clara: la autonomía universitaria y la seguridad no son principios incompatibles; ambas pueden protegerse si la respuesta frente a la violencia es individualizada, judicial y proporcional y no una intervención general que convierta la universidad en un asunto de policía.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció recientemente la creación de un protocolo para permitir la actuación de la Policía cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas. El problema no está en afirmar que la violencia debe ser investigada y sancionada. Nadie debería discutirlo. El problema comienza cuando la seguridad se convierte en la puerta de entrada para redefinir los límites de la autonomía universitaria. La protección de la vida y del orden público debe realizarse dentro de la Constitución, con reglas claras, control judicial, diálogo institucional y respeto por la libertad académica.
¿Qué protege realmente la autonomía? El artículo 69 de la Constitución no es una concesión graciosa de ningún gobierno. Es una garantía constitucional: “Se garantiza la autonomía universitaria”. Las universidades pueden dar sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La misma Constitución ordena al Estado fortalecer la investigación científica y crear condiciones para su desarrollo.
La Ley 30 de 1992 desarrolla esa garantía: reconoce a las universidades la posibilidad de darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades, crear y organizar programas académicos, definir sus actividades formativas, docentes, científicas y culturales, seleccionar profesores y estudiantes y administrar sus recursos. Además, establece que la educación superior debe preservar la búsqueda de la verdad y el ejercicio libre y responsable de la crítica, la cátedra y el aprendizaje.
La Corte Constitucional ha sido clara: la autonomía no significa soberanía ni impunidad. Tiene límites en la Constitución, la ley, los derechos fundamentales, el orden público y el interés general. Pero justamente por eso los límites tampoco pueden ser definidos arbitrariamente por el gobierno de turno.
La pregunta, entonces, no es si dentro de una universidad se puede cometer un delito. Por supuesto que sí y si ocurre debe actuar la justicia.
La pregunta verdaderamente democrática es otra: ¿Quién determina cuándo una universidad ha dejado de ser un espacio de deliberación y se ha convertido en un problema de seguridad? ¿Con qué criterios? ¿Quién controla esa decisión? ¿Qué garantías existen para que una protesta, una asamblea estudiantil, una ocupación simbólica o una expresión política no terminen siendo clasificadas como amenazas al orden público? Ahí está el verdadero debate.
Y la memoria colombiana debería servirnos de advertencia, no estamos frente a una discusión nueva.
En Colombia, la universidad ha tenido una relación históricamente conflictiva con los gobiernos y con las fuerzas del Estado. El movimiento estudiantil de mediados del siglo XX estuvo profundamente influido por las luchas latinoamericanas por la democratización universitaria. El movimiento de 1971, particularmente, convirtió la defensa de la universidad pública, la participación de estudiantes y profesores en el gobierno universitario y la responsabilidad del Estado con la educación superior en asuntos centrales de la agenda nacional.
Durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo hubo ocupaciones militares de universidades públicas, allanamientos, clausuras y persecución de dirigentes estudiantiles en el contexto del estado de sitio. Durante el gobierno de Misael Pastrana, el movimiento estudiantil de 1971 adquirió una dimensión nacional y puso sobre la mesa un Programa Mínimo de reforma universitaria. El Gobierno respondió inicialmente con medidas como la suspensión de actividades académicas y posteriormente con disposiciones que ampliaban las facultades disciplinarias de los rectores.
La historia demuestra algo que deberíamos haber aprendido: cuando el Estado responde a una crisis universitaria principalmente desde la lógica del orden público, el conflicto difícilmente desaparece; muchas veces cambia de naturaleza y se profundiza.
La relación problemática entre poder político, fuerza pública y universidad ha atravesado diferentes gobiernos y distintas orientaciones ideológicas. Por eso sería demasiado fácil —y también históricamente impreciso— afirmar que solamente los gobiernos conservadores o de derecha atacan la autonomía universitaria.
Lo que sí puede observarse históricamente es que los gobiernos tienden a sentirse incómodos con instituciones que poseen capacidad autónoma de crítica, movilización y producción de conocimiento, especialmente cuando existen fuertes conflictos políticos y sociales.
Y eso no es patrimonio de una ideología. Una discusión que también ha recorrido el mundo y esta tensión tampoco es exclusivamente colombiana. Las luchas por la autonomía, la libertad académica y la participación estudiantil han atravesado distintas épocas y países. La Reforma Universitaria de Córdoba de 1918 marcó profundamente a América Latina, mientras que las movilizaciones estudiantiles de Francia e Italia en 1968 y las disputas por la autonomía universitaria en Chile muestran que la universidad ha sido históricamente un espacio de confrontación intelectual y política frente al poder.
La lección no es que la universidad tenga derecho a la impunidad. Es que una democracia necesita universidades capaces de ejercer la crítica sin que esa crítica sea confundida automáticamente con una amenaza al orden público.
No podemos hablar de seguridad en las universidades como si la historia comenzara hoy. La Comisión de la Verdad documentó décadas de violencia contra las comunidades universitarias: asesinatos, amenazas, atentados, exilios y la estigmatización de estudiantes y profesores. También registró cómo algunas universidades llegaron a convertirse en escenarios de disputa y violencia de diferentes actores armados. La memoria del movimiento estudiantil colombiano también está marcada por estudiantes asesinados.
Durante el estallido social de 2021, las universidades volvieron a aparecer en medio de una enorme confrontación social. La Defensoría del Pueblo reportó cientos de quejas por presuntas vulneraciones de derechos humanos durante las primeras semanas de las protestas.
Por eso la discusión actual exige algo más que una consigna de “seguridad”. Existe una diferencia enorme entre afirmar eso y aceptar que el Ejecutivo pueda establecer unilateralmente las condiciones bajo las cuales la fuerza pública entra a una universidad. Una cosa es combatir un delito. Otra muy distinta es convertir la universidad en un asunto de policía.
¿Por qué incomoda tanto una universidad autónoma? Tal vez aquí esté la pregunta que menos queremos formular. ¿Por qué el poder político suele sentirse incómodo frente a la universidad cuando esta cuestiona sus decisiones? Porque una universidad autónoma no solamente produce profesionales. Produce preguntas.
Pregunta por el presupuesto, por la desigualdad. por la corrupción. por la violencia. por la ciencia. por el territorio. por la política económica. por el ambiente, por la memoria. Pregunta incluso por las decisiones del propio Gobierno.
Y una sociedad democrática necesita precisamente esos lugares donde el poder pueda ser interrogado.
Por eso la autonomía universitaria no debe entenderse como un privilegio corporativo de rectores, profesores o estudiantes. Es una garantía de la sociedad frente al poder.
