La intervención de unidades de tierra y aire en el sector de Toldas permitió la liberación de los civiles, entre ellos cuatro menores de edad, quienes fueron trasladados a Quibdó.
En el departamento del Chocó, las Fuerzas Militares de Colombia coordinaron y ejecutaron un operativo de búsqueda y rescate que finalizó con la liberación de 39 ciudadanos que habían sido privados de la libertad por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La acción oficial se desarrolló en el sector rural de Toldas, luego de registrarse el bloqueo de un eje vial durante la mañana del martes 14 de julio. El balance de la operación reportó el fallecimiento de dos soldados profesionales pertenecientes a las unidades de infantería que lideraron la aproximación terrestre contra la estructura armada responsable de la retención colectiva.
Los soldados profesionales Elibert Ducuara Mosquera y Jean Carlos Vallejo Vargas fallecieron en los combates registrados durante la maniobra.
El general Hugo Alejandro López, comandante general de las Fuerzas Militares, reportó el retorno de los civiles tras desplegar una maniobra que combinó el empleo de tropas terrestres y aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana. La presión ejercida en el perímetro de operaciones obligó al repliegue de los miembros del ELN, facilitando la recuperación de los retenidos en una zona boscosa de la subregión chocoana. De manera inmediata, helicópteros de transporte militar procedieron con la evacuación del grupo de personas desde el sitio de los enfrentamientos hacia la sede de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional, ubicada en Quibdó.
La misión generó combates directos entre las tropas estatales y la facción del ELN que custodiaba a los civiles. Durante el intercambio de disparos en los puntos de acceso de la zona de Toldas, fallecieron los soldados profesionales Elibert Ducuara Mosquera y Jean Carlos Vallejo Vargas, adscritos a las unidades tácticas de reacción. Los uniformados perdieron la vida debido a lesiones causadas por impactos de proyectil de arma de fuego mientras sostenían la línea de defensa para asegurar el repliegue y la posterior extracción de la totalidad de los civiles.
El comando general de la institución militar emitió un pronunciamiento de condolencias a las familias de los uniformados fallecidos y ratificó el cumplimiento de las misiones constitucionales asignadas en el pacífico colombiano. El general López precisó que los soldados Ducuara Mosquera y Vallejo Vargas integraban los anillos de seguridad perimetral encargados de cerrar los corredores de movilidad y evitar el traslado de los secuestrados hacia la profundidad de la selva chocoana, una estrategia de asedio que impidió que el grupo armado ilegal prolongara la retención de las víctimas en el tiempo.
Entre los 39 ciudadanos rescatados por las tropas se confirmó la presencia de cuatro menores de edad, cuya situación inicial fue monitoreada para verificar su integridad física. Una vez arribaron las aeronaves a las instalaciones militares de la Décima Quinta Brigada en Quibdó, un equipo integrado por médicos, psicólogos y trabajadores sociales asumió la recepción de las personas. Este personal realizó valoraciones clínicas, esquemas de hidratación y soporte psicosocial para evaluar el estado de salud de los liberados tras el periodo de permanencia bajo control de la organización ilegal.
La información recopilada por la inteligencia de la Décima Quinta Brigada indica que la retención de los pasajeros ocurrió en las primeras horas del lunes 14 de julio, cuando miembros del grupo armado bloquearon el paso de vehículos de carga y de transporte público en este corredor vial del departamento. Los atacantes obligaron a los ocupantes de las líneas de transporte a descender de los automotores y a internarse en la vegetación boscosa para dificultar la localización aérea. Ante la interrupción del tránsito, el comando ordenó el despliegue del Grupo Liviano de Caballería N.º 9, apoyado operacionalmente por el Batallón de Infantería N.º 12 Primero de Línea.
En Quibdó, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional del Estado Civil iniciaron las labores de verificación de identidades para facilitar el retorno de los ciudadanos a sus lugares de origen. La Gobernación del Chocó dispuso de la logística necesaria para asegurar el traslado de las familias liberadas a sus respectivos municipios de residencia.
Al mismo tiempo, peritos judiciales de la Fiscalía General de la Nación recopilaron elementos materiales probatorios en el área de combate para iniciar las investigaciones correspondientes por los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Los dispositivos de seguridad terrestres y aéreos se mantienen activos en el departamento del Chocó con el fin de asegurar la libre movilidad en el tramo afectado. Unidades de la Décima Quinta Brigada, en coordinación con la Policía de Carreteras, realizan patrullajes y registros de identificación en la red vial para evitar nuevas afectaciones a la población civil y neutralizar los factores de inestabilidad que persisten en la zona de influencia de este corredor de transporte.
