CARLOS E. CAÑAR SARRIA – carlos.canar@esap.edu.co
La prevalencia del diálogo para dirimir los conflictos, la consecución de un país libre de guerra, priorizar el derecho fundamental a la vida, terminar con las muertes aportadas por la violencia y minimizar los cinturones de pobreza e indigencia, entre otros aspectos, es la razón de ser de la Ley 418 de la Paz Total.
Este instrumento jurídico otorga facultades al Presidente de la República, al Alto Comisionado de Paz y al Gobierno para adelantar con los grupos armados ilegales negociaciones de paz.
La ley de paz tiene una fundamentación filosófica liberal que permite acercar a la vida social a todos los actores comprometidos con la violencia, que tengan voluntad política para construir o reconstruir el país por el sendero del desarrollo conjunto de la sociedad y la convivencia civilizada.
La Carta de las Naciones Unidas en 1945, recoge el anhelo de los Estados firmantes, de convivir en paz como buenos vecinos y de unir voluntades para el mantenimiento de la paz, la seguridad mundial y de hacer uso de la fuerza armada sólo en aquellos casos donde peligre el bien común.
Es importante resaltar que se hace necesario no circunscribir la paz a la ausencia de guerra, ya que las negociaciones no pueden limitarse a treguas y armisticios, asunto que ha impedido concebir la paz de otras maneras. Lo experimentamos, por ejemplo, en el conflicto entre Estados Unidos e Irak y actualmente en la guerra ente Rusia y Ucrania, donde el discurso universal con respecto a la paz es la ausencia de guerra.
Creemos que la política de paz del presidente Petro, va más allá de concebir la paz como ausencia de guerra.
En Colombia, la Constitución Política reconoce que la paz es un derecho fundamental, el cual debe materializarse tras la consecución de una cultura política de la tolerancia, el reconocimiento del otro como igual, la adopción de la paz como valor y que permita el compromiso de todos los colombianos. De lo contrario, no puede existir paz total.
La paz como valor no puede ser posible, mientras se siga limitando al problema de seguridad nacional y por lo tanto, a un problema que compete exclusivamente al Gobierno, a las Fuerzas Armadas y a los actores armados ilegales.
Una sociedad tan polarizada como la nuestra, debe hacer esfuerzos por consolidarse en comunidad, más aún frente a un problema tan importante referido a la convivencia pacífica. Preguntamos: ¿El Estado colombiano consuetudinariamente ha brindado espacios para ello? ¿Existe una verdadera sociedad civil?
No podemos seguir pensando que la sociedad civil como sujeto viviente y actuante, pueda estar representada por algunos miembros del clero, de los sindicatos, de los partidos políticos, de los gremios de la producción, de los medios de comunicación o en ocasiones por grupos de “Notables”. La sociedad civil sólo se entiende como comunidad autónoma, organizada y unida por lazos de solidaridad, capaz de reivindicar sus derechos y de construir un futuro mejor. Sólo así se podría pensar en la posibilidad de una pedagogía para la paz, en una paz estable y duradera o en la paz como valor.
La paz como valor implica la erradicación de todas las formas de violencia, ya sea de los grupos armados, de la justicia privada y de toda manifestación de delincuencia, y por lo tanto, no depende de lo que pueda hacer el Gobierno de manera exclusiva, sino del compromiso de todos los colombianos.
En Colombia hemos contado con una multipolaridad de la violencia: política, urbana, por la posesión de territorios, organizada contra minorías étnicas, en los medios de comunicación, en la familia, del narcotráfico y con éste la “guerra sucia”, caracterizada por las masacres y el imperio de la impunidad de sus responsables.
