Juan Pablo Matta Casas
Durante años Colombia aprendió a reconocer la guerra por sus imágenes. Un soldado detrás de una alambrada, un policía con la barba crecida, un periódico sostenido frente a una cámara para demostrar que seguía vivo, una madre esperando una llamada, una esposa mirando una fotografía que empezaba a parecerse demasiado a un recuerdo. Hubo hombres que regresaron después de años de cautiverio y otros que nunca volvieron. Hubo asesinatos, desapariciones, minas, niños reclutados, pueblos atacados y miembros de la Fuerza Pública convertidos en piezas de negociación de una organización que hizo de la violencia una manera de disputar el poder.
Ahora, casi una década después de la firma del Acuerdo de Paz, el país contempla las sanciones impuestas a antiguos comandantes de las Farc y descubre que, por los secuestros reconocidos y los crímenes asociados a esa política, no cumplirán penas en cárceles ordinarias. Tendrán restricciones, controles y trabajos restaurativos. La JEP lo llama sanción propia, pero después de todo aquello la pregunta sigue siendo sencilla: ¿esto era la justicia?
La incomodidad aumenta cuando se observa la forma como la jurisdicción ha contado la guerra. Para quienes pertenecieron a las Farc aparecen una y otra vez palabras como reincorporación, restauración, reconciliación, reconocimiento y construcción de paz. Cuando el turno corresponde a miembros de la Fuerza Pública, el lenguaje cambia de temperatura y se llena de patrones macrocriminales, máximos responsables, crímenes de guerra y lesa humanidad. Las palabras no son inocentes. Repetidas durante años terminan construyendo memoria, repartiendo culpas y decidiendo quién merece comprensión y quién debe cargar con la vergüenza.
Ese es uno de los daños más profundos de la actuación de la JEP. Los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública tienen responsables concretos y nombres propios. Los falsos positivos fueron crímenes atroces y quienes los cometieron deshonraron el uniforme. Pero convertir esas conductas en una sombra permanente sobre el Ejército y la Policía es otra cosa, porque la responsabilidad de un criminal no puede heredarse a miles de soldados que combatieron dentro de la ley, fueron heridos, mutilados, secuestrados o murieron cumpliendo su deber.
Las Farc y la Fuerza Pública tampoco ocuparon el mismo lugar en aquella guerra. Una era una organización terrorista que combatía al Estado, la otra era la institución constitucional encargada de defenderlo. Cierta manera de narrar el conflicto ha conseguido que el soldado que defendía una base y el guerrillero que llegaba a atacarla aparezcan, décadas después, como dos actores puestos sobre el mismo plano moral.
Por eso resultan tan irritantes algunas ceremonias públicas en las que miembros de la Fuerza Pública comparecen ante la justicia. La responsabilidad individual termina envuelta en una escenificación donde el uniforme adquiere la apariencia de una culpa colectiva y el militar parece llamado no solo a responder por sus actos, sino a representar ante el país las faltas de una institución entera. Castigar a un culpable no exige humillar el uniforme que otros llevaron con honor.
Y luego llega la cuenta. La JEP dispone en 2026 de más de setecientos mil millones de pesos entre funcionamiento e inversión y, casi diez años después de firmado el Acuerdo, Colombia continúa financiando una jurisdicción gigantesca, lenta y costosísima mientras apenas comienza a contemplar algunas de sus sanciones más importantes. La relación entre el dinero invertido, el tiempo transcurrido y los resultados obtenidos ya no es simplemente decepcionante, es la demostración de un fracaso institucional demasiado caro.
Ese fracaso resulta todavía más ofensivo cuando se recuerda el universo de crímenes cometidos por las Farc. No fue solamente secuestro. Hubo homicidios, desapariciones, reclutamiento de menores, torturas, violencia sexual, desplazamientos, minas y ataques contra poblaciones, una acumulación de crímenes que produjo víctimas civiles y militares durante décadas.
La JEP nació prometiendo verdad, justicia y reconciliación, pero ha terminado dejando otra impresión, la de una jurisdicción que encontró palabras amables para explicar a quienes combatieron al Estado y ceremonias severas para quienes lo defendieron, mientras le cobra al país una factura monumental por hacerlo. Los responsables individuales deben responder por sus delitos, pero el Ejército y la Policía no tienen por qué comparecer ante la historia como instituciones culpables de haber defendido a Colombia. Y esa diferencia, después de tantos años, ya no puede seguir siendo ignorada.
