HORACIO DORADO GÓMEZ – @HoracioDG
Esta fecha ocupa un lugar privilegiado en la memoria nacional. Ese día conmemoramos la Batalla de Boyacá, librada en 1819, considerada uno de los acontecimientos militares más trascendentales del proceso de independencia de Colombia y el punto de partida de la consolidación de la República.
Aunque la Constitución Política vigente no establece expresamente que el 7 de agosto sea la fecha de posesión presidencial, esta tradición quedó institucionalizada desde la Constitución de 1886 y ha permanecido inalterada hasta nuestros días. Antes de ello, la Constitución de la Nueva Granada de 1832 fijaba el 1.º de abril como el día en que el presidente y el vicepresidente electos debían asumir el ejercicio de sus funciones. Con las reformas constitucionales posteriores se adoptó definitivamente el 7 de agosto, vinculando el inicio de cada gobierno con la fecha más emblemática de nuestra independencia.
Cada cuatro años, el presidente elegido presta juramento ante el Congreso de la República, siguiendo un protocolo que simboliza la continuidad institucional del Estado. Durante décadas, la tradición indicaba que el mandatario saliera del Palacio de San Carlos, antigua sede presidencial, y caminara hasta el Capitolio Nacional para cumplir el acto solemne de posesión. Más recientemente, la ceremonia se ha desarrollado en la Plaza de Bolívar, escenario que concentra buena parte de la historia política del país y donde convergen el Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia y el Palacio Liévano.
Sin embargo, la ley no convierte ese lugar en una obligación inmodificable. El artículo 192 de la Constitución dispone que el presidente electo debe posesionarse ante el Congreso de la República, pero no señala un edificio ni una ciudad específicos para la ceremonia. Si el Congreso autoriza sesionar en otro lugar, la posesión puede realizarse allí, siempre dentro del marco constitucional.
Precisamente alrededor del acto de posesión del presidente Abelardo de la Espriella han surgido opiniones encontradas. Nada más natural en una democracia.
Como afirma un antiguo proverbio chino: “Cuando soplan los vientos del cambio, unos construyen muros y otros construyen molinos de viento.” La frase retrata dos maneras de afrontar los cambios políticos: unos prefieren la confrontación permanente; otros optan por adaptarse sin renunciar a sus convicciones.
En una democracia, la unanimidad absoluta es imposible. Colombia arrastra décadas de violencia que han fracturado el tejido social y profundizado las diferencias entre el campo y la ciudad, así como entre regiones que, legítimamente, poseen prioridades y necesidades distintas.
El verdadero desafío de una nación plural no consiste en pensar igual, sino en aprender a convivir respetando las diferencias. Disentir es un derecho; descalificar al adversario o desconocer las instituciones, no. La paz no nace de la uniformidad de las ideas, sino de la capacidad de resolver los desacuerdos mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto por las reglas democráticas.
Colombia, reconocida por la belleza de sus paisajes y la riqueza de su diversidad cultural, debe demostrar que también es una nación capaz de fortalecer su cultura democrática. La civilidad comienza por respetar las instituciones y aceptar el veredicto de las urnas, sin que ello implique renunciar al derecho de ejercer una oposición seria, responsable y pacífica.
Elegido legítimamente por la mayoría de los colombianos, el presidente Dr. Abelardo de la Espriella está llamado a cumplir las promesas que motivaron el respaldo de sus electores. Quienes no votaron por él conservan intacto el derecho —y el deber— de vigilar, criticar y controvertir sus decisiones por los caminos que ofrece el Estado de derecho. Esa es la esencia de una democracia madura.
Sin embargo, la siguiente frase lapidaria plasma el por qué no se podrá realizar la posesión en la ciudad: Ayer, “Popayán, Altar de la Patria”; hoy, entre cenizas.
La alternancia en el poder constituye una de las mayores fortalezas del sistema democrático. Respetar al presidente legítimamente elegido no significa compartir todas sus decisiones; significa reconocer la voluntad popular y preservar las reglas que permitirán una nueva alternancia. Solo así las diferencias dejarán de ser motivo de confrontación para convertirse en una oportunidad de construir un mejor país.
Civilidad (según HDG): Las democracias no se fortalecen cuando todos piensan igual, sino cuando quienes piensan distinto aceptan convivir bajo las mismas reglas.
