Juan Pablo Matta casas
La víspera del 7 de agosto de 2026, mientras el país volvía a descubrir esa vieja costumbre colombiana de convertir cada transición política en una prueba de resistencia institucional, el general Hugo Alejandro López Barreto habló a sus hombres en Cali. No hizo una proclama, no pidió adhesiones, no se dejó arrastrar por la retórica de los bandos. Dijo algo elemental, casi austero: la posesión presidencial era un evento constitucional que garantizaba la continuidad del Estado.
En tiempos tranquilos, una frase así pasaría inadvertida. Pero los tiempos no eran tranquilos. Durante semanas se había instalado en la conversación pública una idea peligrosa, insinuada unas veces y defendida otras con mayor descaro: que el resultado electoral podía ser discutido hasta volverlo irreconocible, que la fecha del relevo presidencial admitía interpretaciones, que quizá el gobierno saliente tenía todavía alguna misión histórica que cumplir antes de entregar el poder. En Colombia conocemos esa música. Cambian los instrumentos, cambian los intérpretes, pero la melodía es antigua.
Lo verdaderamente grave de los cantos de sirena no es que existan. Siempre existen. Toda democracia tiene cortesanos que confunden al gobernante con el Estado, militantes que creen que perder una elección equivale a una injusticia y teóricos de emergencia dispuestos a explicar por qué, justo esta vez, las reglas deberían doblarse un poco. Lo decisivo es quién decide escucharlos.
Las Fuerzas Militares no los escucharon.
Y ese hecho, que podría parecer apenas el cumplimiento normal de un deber, merece reconocimiento precisamente porque la historia latinoamericana está llena de momentos en los que cumplir el deber habría bastado para evitar una tragedia. Sobran ejemplos de uniformados convencidos por civiles de que la patria necesitaba ser salvada de los ciudadanos. Siempre hubo alguien dispuesto a redactar el decreto, alguien dispuesto a encontrarle fundamento jurídico y alguien dispuesto a llamar “transitorio” a lo que después duraba años.
Bajo la dirección del general López Barreto ocurrió lo contrario. Las Fuerzas Militares entendieron que no les correspondía interpretar el resultado electoral, corregirlo, tutelarlo ni proteger al país de aquello que el propio país había decidido en las urnas. Su responsabilidad era otra: garantizar la seguridad, preservar el orden constitucional y permitir que el mando supremo de la Fuerza Pública pasara, como ordena la Constitución, de un Presidente a otro.
Eso es mucho más importante de lo que parece.
Un ejército republicano no demuestra su grandeza cuando interviene en política, sino cuando pudiendo hacerlo se niega a hacerlo. La fuerza de las armas alcanza su mayor dignidad cuando reconoce el límite que la Constitución le impone. Porque un general puede tener opiniones, simpatías, temores y convicciones, como cualquier ciudadano. Lo que no puede tener es un voto armado.
Gustavo Petro terminó reconociendo que su mandato concluía y que entregaría el poder. Pero antes hubo ruido, sospechas, acusaciones y voces que parecían sugerir que la democracia debía ser defendida incluso de su propio resultado. Esa contradicción resume uno de los males más persistentes de nuestra vida política: creemos profundamente en las reglas mientras ganamos con ellas.
Por eso el comportamiento de las Fuerzas Militares durante aquella transición pertenece a una categoría que rara vez recibe homenajes: la de las cosas graves que no ocurrieron. No hubo ruptura institucional. No hubo pronunciamiento militar. No hubo junta de salvación nacional, ni doctrina improvisada sobre vacíos de poder, ni uniformes convertidos en árbitros de la soberanía popular.
Hubo, simplemente, República.
Y detrás de esa normalidad estuvo también la responsabilidad de un comandante que entendió el momento histórico. Hugo Alejandro López Barreto no necesitó convertirse en protagonista para cumplir un papel decisivo. Quizá ahí reside la diferencia entre el militar republicano y el caudillo: el primero sabe que su mayor triunfo consiste en que las instituciones funcionen sin necesitarlo como salvador.
Quienes apoyamos al nuevo gobierno debemos reconocerlo. Quienes respaldaban al gobierno saliente también. Porque las garantías constitucionales nunca pertenecen exclusivamente al vencedor de hoy. Son el seguro del derrotado de mañana.
Las Fuerzas Militares no son de Petro, ni de la oposición, ni de la izquierda, ni de la derecha. Son de Colombia. Y el 7 de agosto demostraron que lo sabían.
Tal vez esa sea la lección que conviene conservar. Las repúblicas no siempre se salvan con grandes gestos. A veces sobreviven porque alguien, teniendo poder suficiente para torcer la historia, decide simplemente obedecer la Constitución.
