Por: Paloma Muñoz – Docente universitaria
La vía Panamericana no es solo asfalto; es la arteria por donde respira el sur de Colombia. Sin embargo, el pasado 25 de abril, en el sector de El Túnel, en Cajibío, esa arteria volvió a estallar en una tragedia miserable. El estruendo no fue solo pólvora; fue el crujir de un departamento que se rompe por el mismo sitio una y otra vez. Entre el metal calcinado y el olor penetrante a muerte, quedó el silencio de una veintena de almas. Y en el epicentro de ese vacío, el eco de una ausencia que duele como un miembro fantasma: la de Patricia Mosquera, lideresa del Patía, una amiga, una voz que era el tejido mismo de su comunidad y que hoy es solo memoria dolorosa.
No es un episodio aislado; es la metástasis de un conflicto que se alimenta de la geografía del Cauca. Pero mientras las familias buscaban restos de identidad entre la tragedia, surge, con una puntualidad insultante, la retórica del perdón. Los mismos que disparan y siembran minas, los agresores, los violentos ahora piden perdón. Que descaro. Hay algo profundamente perverso en la prisa con la que estos asesinos les exigen a sus víctimas una absolución exprés.
Francamente, resulta indignante. Cuando apenas se disipaba el humo, aparecieron los mercaderes de la reconciliación abstracta con su extorsión moral y la muletilla de la “grandeza de perdonar”. Es una forma de violencia aún más cruel: exigirle a quien tiene las manos vacías y el corazón astillado que procese su duelo al ritmo que la “paz política” necesita y no al ritmo que su dignidad herida reclama.
En Colombia, el perdón se ha convertido en un impuesto moral. Se le pide altura ética a quien acaba de perderlo todo en un retén ilegal, mientras el sistema es incapaz de garantizarle lo mínimo: el derecho a llegar vivo a casa. Este mandato silencioso busca, en el fondo, desplazar el foco del horror. Ya no hablamos del fusil, ni del Estado ausente, ni de las economías que devoran el Cauca; ahora juzgamos a las víctimas que se niegan a abrazar a su verdugo.
¿Cómo se conjuga el verbo perdonar en Cajibío, en el Patía, en El Tambo, en Villa Rica, en Buenos Aires, en Suárez? Territorios donde la guerra no es un recuerdo, sino un presente continuo. ¿A quién se le otorga el perdón cuando los grupos armados mantienen intacta la lógica del terror? Insistir en el perdón sin justicia estructural es, en el mejor de los casos, una ingenuidad lírica; en el peor, una complicidad burocrática.
¿Cómo perdonar, sin más, el asesinato de Patricia Mosquera y de tantas personas inocentes masacradas? El perdón se usa aquí como una coartada, un sedante social para que el resto del país pueda seguir desayunando sin que la náusea del suroccidente le amargue el café.
Ante tanto dolor y enojo, considero que a veces es necesario reivindicar el derecho al no-perdón. No perdonar no es un acto de odio; es, a menudo, la única forma de memoria viva. Es una manera de decir que lo ocurrido es inaceptable, que la vida de Patricia y los demás asesinados y de quienes hoy permanecen heridos no es una cifra negociable en una mesa de diálogo ni un daño colateral.
El perdón auténtico es un proceso orgánico. Requiere verdad, reconocimiento, castigo y, sobre todo, la certeza absoluta de que el horror no volverá a repetirse. Sin esas garantías, cualquier llamado a la reconciliación no es más que un simulacro, una farsa institucional.
Mientras en Cajibío las flores se marchitan sobre el pavimento roto, no tengamos prisa en cerrar la herida. Dejemos un poco más, para que no olvidemos que antes de exigirle paz a los muertos, debemos exigirles justicia a los vivos. Este país no necesita más víctimas santas que perdonen en silencio; necesita ciudadanos con el derecho a exigir que su sangre deje de ser el lubricante de nuestra historia.
