Una bomba de tiempo humanitaria está a punto de estallar en la costa pacífica del Cauca. Hoy se cumple una semana y media desde que el Consejo Comunitario de la parte Baja del Río Saija y el Resguardo Indígena Calle Santa Rosa, en el municipio de Timbiquí, quedaron bajo un régimen de terror impuesto por grupos armados ilegales. Más de 20 corregimientos están completamente incomunicados, desabastecidos y sumidos en el miedo.
La crisis escaló el pasado lunes 23 de marzo, tras el desembarco del Ejército Nacional en el sector conocido como La Herradura, dentro del territorio indígena de Santa Rosa. Como respuesta a los operativos militares —que ya han incluido la desactivación de cilindros bomba—, las estructuras criminales que operan en la zona decretaron un paro armado indefinido.
La orden de los violentos es tajante y cruel: no se normalizará ninguna actividad hasta que la población civil expulse a la fuerza pública de su territorio.
Un pueblo sitiado y sin recursos básicos
Las consecuencias de este confinamiento forzado son devastadoras. Los grupos armados han impuesto restricciones severas que violan flagrantemente los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario:
Parálisis económica: Todos los negocios y comercios permanecen cerrados bajo amenaza de muerte.
Restricción a la movilidad: Está prohibido el tránsito de personas por el río y la pesca nocturna, principal sustento de las familias.
Bloqueo de transporte: Se suspendieron por completo las salidas de embarcaciones hacia Buenaventura, dejando a la región sin su única vía de comunicación y abastecimiento con el exterior.
Emergencia sanitaria y sequía: En pleno verano y sin un sistema de acueducto, la falta de agua potable se suma al desabastecimiento total de alimentos y medicamentos.
“Ya no tenemos qué comer, no hay combustible para movernos y si alguien se enferma no hay medicinas ni forma de sacarlo hacia Buenaventura. Estamos atrapados”, relatan con desespero habitantes de la región.
La comunidad, en un acto de valentía y desesperación, organizó una marcha pacífica e intentó reabrir los locales comerciales. Sin embargo, los grupos al margen de la ley respondieron de inmediato con amenazas de multas millonarias y represalias violentas, obligando a los comerciantes a bajar las persianas nuevamente.
La infancia en la mitad del fuego cruzado
Uno de los impactos más dolorosos de esta crisis es la vulneración al derecho a la educación. El Río Saija alberga 22 corregimientos, y la institución educativa principal se encuentra en la comunidad de Puerto Saija, en la zona baja.
Aunque habitualmente existe transporte fluvial para que los menores asistan a clases, la ruta escolar obligatoriamente debe pasar por el sector de La Herradura, donde está acantonado el Ejército. El temor de los padres a que estalle un combate y sus hijos queden atrapados en el fuego cruzado ha provocado la suspensión total de las clases y el cierre definitivo del colegio.
Un llamado desesperado de auxilio
La comunidad de Timbiquí hace un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Defensoría del Pueblo, a la Gobernación del Cauca y a los organismos internacionales de derechos humanos. Se requiere un corredor humanitario inmediato para ingresar alimentos, agua potable y medicinas, así como garantías de seguridad reales para la población civil que se encuentra atrapada en una guerra que no les pertenece.
El tiempo se agota y el silencio institucional no puede seguir siendo la respuesta ante el grito de auxilio del pacífico caucano.
