Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
En Colombia, el sistema de salud parece estar atrapado en una paradoja diseñada por su propio gobierno. La reciente negativa de la Superintendencia Nacional de Salud a la solicitud de desmonte progresivo de la EPS Sura no sólo pone de manifiesto el caos regulatorio en el que se encuentra el sistema, sino que también evidencia una política contradictoria que ni permite a las EPS operar con sostenibilidad ni les facilita una salida ordenada. En otras palabras, “ni raja ni presta el hacha”.
Sura, una de las pocas EPS que todavía cumple con los indicadores financieros establecidos por el propio sistema, solicitó un retiro progresivo para evitar un colapso abrupto. Su intención era garantizar la transición ordenada de sus más de cinco millones de afiliados, evitando lo que ya hemos visto con otras entidades: caos, usuarios sin atención médica y una carga desproporcionada para las EPS que intentan absorber esa población. Sin embargo, la Superintendencia decidió cerrar esa puerta, argumentando que no existen las condiciones para redistribuir la carga de usuarios entre otras entidades. Lo irónico es que esas mismas condiciones desfavorables han sido provocadas por la política del Gobierno Nacional.
El sistema, bajo el modelo actual, ha sido llevado al borde del colapso. Las demoras en los pagos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y las presiones de nuevos requisitos han puesto a la mayoría de las EPS en una situación insostenible. Mientras tanto, Sura, que ha logrado mantener cierto nivel de estabilidad, se encuentra atrapada en una encrucijada: no puede seguir operando bajo estas reglas y, al mismo tiempo, no puede abandonar el sistema de manera ordenada. ¿Es esto un castigo por haber intentado hacer las cosas bien?
La negativa al desmonte de Sura refleja un problema estructural más amplio: la falta de claridad en la política del gobierno frente al modelo de salud. Por un lado, se insiste en transformar el sistema hacia un modelo más centralizado, pero por otro, no se ofrecen soluciones concretas ni un plan de transición viable. Mientras tanto, las EPS enfrentan las consecuencias de esta indecisión, con un gobierno que parece más preocupado por evitar titulares negativos en el corto plazo que por construir un sistema sostenible en el largo plazo.
En lugar de tomar decisiones para aliviar la carga de las EPS y garantizar la atención a los usuarios, el gobierno opta por estrategias que parecen más simbólicas que prácticas. No se trata solo de Sura; el mensaje que envía la Superintendencia es claro: no hay salida fácil, ni siquiera para las entidades que han logrado cumplir con los requisitos en medio de una tormenta regulatoria. Esta postura pone en jaque no solo a las EPS, sino a todo el sistema de salud.
Es hora de que el gobierno decida qué camino tomar. Si su intención es desmantelar el modelo actual, debe hacerlo de manera clara, responsable y sin comprometer la atención de millones de colombianos. Pero si su objetivo es fortalecer el sistema, necesita empezar por garantizar las condiciones para que las EPS puedan operar de manera sostenible. En cualquiera de los casos, no puede seguir jugando al inmovilismo que “ni raja ni presta el hacha”.
