Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
El presidente Gustavo Petro ha vuelto a recurrir a una estrategia que, lejos de aportar claridad, reduce el debate público a una falsa dicotomía. Al referirse a las demandas contra la reforma pensional, afirmó que quienes las impulsan están “en contra de los viejos del país”. Este tipo de afirmaciones, aunque emotivas, son irresponsables y distorsionan el verdadero problema: los cuestionamientos legales sobre el trámite de una ley que afecta profundamente al sistema pensional colombiano.
Es importante señalar que las demandas presentadas ante la Corte Constitucional no son un ataque a los adultos mayores ni buscan perjudicar sus derechos. Estas iniciativas responden a una preocupación legítima sobre la legalidad del proceso legislativo que dio lugar a esta reforma. Los argumentos principales apuntan a que la aprobación de la ley pudo haber violado el principio de consecutividad, una garantía constitucional que exige que cada disposición sea discutida y aprobada por ambas cámaras del Congreso.
Los críticos han señalado que la Cámara de Representantes adoptó sin discusión el texto aprobado por el Senado, lo cual impidió un debate pleno y deliberativo. Este no es un detalle menor. El procedimiento legislativo existe para asegurar transparencia y legitimidad en las decisiones que afectan a millones de colombianos. Ignorarlo pone en entredicho la calidad de nuestra democracia.
Reducir esta discusión a un enfrentamiento entre quienes están “a favor” o “en contra” de los adultos mayores es una táctica que desvía la atención de los problemas reales. No se trata de rechazar el objetivo de proteger a los más vulnerables, sino de garantizar que las decisiones se tomen respetando la Constitución y los derechos de todos los ciudadanos.
La justicia tiene un papel crucial en este contexto. Es su tarea evaluar si la reforma pensional cumple con los estándares legales y constitucionales. Este proceso no debe ser interferido con discursos que buscan polarizar. El señalamiento de que quienes cuestionan la reforma buscan perjudicar a los adultos mayores no solo es injusto, sino que también pone en riesgo la independencia de las instituciones.
En lugar de atacar a quienes hacen uso de mecanismos legales para exigir transparencia, el presidente debería liderar el debate desde la argumentación y la construcción de consensos. Las demandas judiciales no son un acto de oposición política, sino un recurso legítimo para corregir posibles errores en el proceso legislativo.
La discusión sobre la reforma pensional no debe basarse en señalamientos emocionales, sino en los hechos. Las preguntas importantes son: ¿Se respetaron los procedimientos legislativos? ¿Cumple la reforma con los principios constitucionales? ¿Garantiza una protección social sostenible para los adultos mayores? Estas son las cuestiones que realmente importan y que deben ser respondidas.
El presidente Petro tiene la responsabilidad de elevar el debate y promover una discusión abierta y respetuosa, que permita abordar las preocupaciones legítimas sobre esta reforma. Simplificar el problema en términos de “buenos” y “malos” no solo divide al país, sino que también impide avanzar hacia soluciones reales y consensuadas.
La justicia debe hacer su trabajo sin interferencias ni presiones. Este no es un enfrentamiento sobre quién está con o contra los viejos del país, como pretende presentarlo el presidente. Es una oportunidad para fortalecer nuestras instituciones y asegurar que las leyes se aprueben de manera legítima, en beneficio de toda la sociedad.
