Por: Juan Camilo López Martínez
El debate sobre una eventual constituyente ha regresado al centro de la conversación pública en Colombia, esta vez impulsado desde la más alta esfera del poder. El presidente Gustavo Petro ha convertido esta idea en una de sus principales banderas políticas, acompañado por figuras como Iván Cepeda, en lo que parece menos un ejercicio de reflexión institucional y más una estrategia de posicionamiento político de cara al escenario posterior al 7 de agosto de 2026.
En términos conceptuales, el debate no es menor. Desde la teoría política, autores como Antonio Negri han diferenciado con claridad el poder constituyente —entendido como la capacidad soberana del pueblo de darse un nuevo orden político— de los mecanismos concretos para ejercerlo, como una asamblea nacional constituyente. Esta distinción no es un asunto académico trivial: implica reconocer que no toda invocación al “pueblo” justifica la apertura de un proceso constituyente, ni que toda inconformidad política debe resolverse mediante la reescritura de las reglas del juego.
Sin embargo, en el contexto actual colombiano, esa línea parece difuminarse. Más allá de los matices discursivos o de las aclaraciones de figuras como Juan Fernando Cristo, resulta evidente que el gobierno ha optado por instalar la idea de una constituyente como eje de movilización política. El problema no es solo jurídico o institucional; es, ante todo, político.
Colombia cuenta hoy con una Constitución —la de Constitución Política de 1991— que, con todas sus tensiones y desafíos, ha logrado consolidar un marco de derechos amplio, mecanismos de participación y una arquitectura institucional reconocida tanto a nivel nacional como internacional. No es una constitución perfecta, pero sí una que ha demostrado capacidad de adaptación mediante reformas y desarrollo jurisprudencial.
Por eso, la pregunta de fondo es inevitable: ¿una nueva constitución para qué? A diferencia de otros momentos históricos en América Latina, Colombia no atraviesa hoy una ruptura institucional, ni una crisis de legitimidad del sistema que justifique un cambio de esa magnitud. Las reglas del juego son claras, los canales democráticos están abiertos y la alternancia en el poder se ha mantenido como un principio vigente.
Impulsar una constituyente en este contexto puede interpretarse más como un intento de reconfigurar el escenario político que como una respuesta a una necesidad estructural del país. En otras palabras, no parece haber un “momento constituyente”, sino una voluntad política de crearlo.
Esto no es menor. Las constituciones, históricamente, han surgido como respuestas a crisis profundas: conflictos armados, colapsos institucionales o transiciones políticas de gran escala. No son instrumentos para prolongar debates ideológicos ni para extender proyectos políticos más allá de los límites establecidos por el orden democrático.
Además, existe un riesgo latente en normalizar la idea de cambiar la Constitución como mecanismo de disputa política. Cuando las reglas del juego se vuelven objeto permanente de controversia, se debilita la confianza institucional y se abre la puerta a escenarios de incertidumbre que pueden afectar tanto la estabilidad política como la económica.
El país necesita, sin duda, reformas. Necesita mejorar la implementación de políticas públicas, cerrar brechas sociales y fortalecer la presencia del Estado en los territorios. Pero ninguna de estas tareas exige, necesariamente, una nueva Constitución. Exigen, más bien, gobernabilidad, capacidad de gestión y voluntad de concertación.
En este sentido, el debate constituyente debería abordarse con mayor rigor y menos cálculo político. No se trata de negar la posibilidad de un cambio constitucional en abstracto, sino de preguntarse con seriedad si las condiciones actuales lo justifican.
Porque al final, más que una discusión sobre textos jurídicos, lo que está en juego es la estabilidad del pacto social que ha permitido a Colombia avanzar, con dificultades, pero también con logros significativos en las últimas décadas. Y ese pacto no debería ponerse en riesgo sin una razón verdaderamente estructural que lo amerite.
