Como la fábrica de miles de abogados que cada semestre gradúan la gran cantidad de facultades de derecho de prestigio y de garaje, Colombia es un país de culto a las innumerables y farragosas leyes utilizadas por los “vividores” para enredar litigios y tramites como las votaciones en el Congreso.
Por: Felipe Solarte Nates
También es ejemplo de ingeniosidad para violarlas y hacerles el quite conservando las formas procesales, gracias a la avalancha de litigantes de mostrar y de “abogansters” de todos los estratos sociales al servicio de mafias legales e ilegales, mientras intentan que nos traguemos el cuento de que somos un ejemplo de juricidad y democracia ejemplar.
Es lo que Diego Montaña Cuellar, llamó en un ensayo “El país formal y el país real”, que en el papel es uno de los más perfectos y mejor legislados del planeta; pero que en la práctica no pasa de ser una “república bananera”, en la que durante décadas de gobiernos oligárquicos, las élites económicas y políticas pusieron el aparato del Estado, manipularon las leyes y el presupuesto en su beneficio; mientras los movimientos sociales y regiones apartadas de las principales ciudades del país han luchado con poco éxito para que los incluyan en los programas y políticas de los gobiernos que se han turnado el poder, a la par que, después de la violencia de los años 50, los campos y las selvas colombianas fueron terreno fértil para el crecimiento de toda clase de grupos armados: algunos a nombre de los partidos liberal y conservador, después de la izquierda y la ultraderecha patrocinadora del paramilitarismo, y en el medio: la gran profusión de delincuencia común que también es subcontratada por los anteriores grupos armados que también han penetrado sectores de las Fuerzas Armadas.
En este panorama, con éxitos parciales se han ensayado numerosos procesos de paz e importantes reformas, incluidos intentos de resucitar la Reforma Agraria que quisieron aplicar Alfonso López Pumarejo en sus dos periodos presidenciales, Alberto Lleras Camargo,(1958-1962) Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), y como punto básico del acuerdo de paz con las FARC, firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que debieron continuar el gobierno de Duque, quien la frenó, y el de Petro, quien a pesar de haberla revitalizado no la ha implementado al nivel que esperaba y sin lograr mayores avances en la pacificación del país.
En contraste, en este país de leyes que no se cumplen o manipulan, donde mandan grupos legales e ilegales, a costillas de las selvas y territorios de la altillanura y con impagable costo ambiental que afectará a las nuevas generaciones, por la puerta de atrás, a pasos agigantados avanza una desaforada “reforma agraria”, que en gobiernos anteriores en su beneficio latifundista habían empezado elites económicas y de los partidos tradicionales adjudicándose miles de hectáreas de los llamados “baldíos”.
En la actualidad, es impulsada por las numerosas empresas y marcas de grupos de armados que explotan: el narcotráfico, minería ilegal, la venta de madera, ganadería y la extorsión, y los cuales experimentaron gran crecimiento posterior a la desmovilización de las FARC, después que los gobiernos de Santos y Duque se demoraron en llevar a territorios abandonados las Fuerzas Armadas, las instituciones del gobierno sus programas e inversiones y, en el gobierno de Petro, con la ilusoria política de Paz Total, que les garantizó el “cese al fuego” del Ejército y la Policía, aprovecharon el papayazo para crecer sus frentes, reclutando menores, y extendiendo sus áreas de influencia.
Una tomografía del fenómeno nos la muestra Rodrigo Botero en su columna de la revista Cambio: https://cambiocolombia.com/puntos-de-vista/las-trochas-que-marcan-la-neocolonizacion, de la que vale la pena reproducir estos claros apartes :
“Recientemente salieron a la luz pública unas cifras sobre el crecimiento incontrolado de nuevas trochas que rompen selva, a la par del avance de la colonización armada, ganadera y cocalera. Como lo hemos señalado varias veces, el impulso de la deforestación está marcando también la pérdida de gobernabilidad, en la medida en que la institucionalidad no está en capacidad de tener una presencia y gestión permanente, en medio de las amenazas y coerción de los grupos armados ilegales.
Estas vías están siendo abiertas y operadas en muchos casos por los grupos armados, que vinculan poblaciones locales en su construcción, mantenimiento y defensa (en caso de que alguna institución pretenda intervenirlas), lo cual hace aún más complejo el panorama pues ha sido evidente que, en los últimos años, no hay un solo caso exitoso de cierre vial o recuperación de bosque en zonas deforestadas como consecuencia de esas trochas, ni mucho menos, de ubicar poblaciones en las zonas donde las trochas van marcando el horizonte de ocupación territorial.
El país está ante la paupérrima capacidad de ejecución del Estado colombiano para resolver los temas de accesibilidad en poblaciones rurales, particularmente en zonas de la frontera agropecuaria, donde los municipios son pobres, las gobernaciones igual, el Invias poco llega y pare de contar, pues las carreteras nacionales o de concesiones no se proyectan para estas áreas y tipos de población, a pesar de que es urgente la creación y reglamentación de las ‘vías forestales’ para esta actividad económica en la reserva nacional.
Con este panorama, los grupos armados han aprovechado este bizcocho, y han reemplazado al Estado con gran efectividad y, disponiendo de maquinaria, topógrafos, operarios y recursos, pero principalmente, un plan de ocupación y expansión territorial. Centenares de kilómetros se hacen cada mes, con trazados lineales generalmente, denotando el uso de cartografías detalladas y equipos de precisión, que igualmente señalan por su dirección cuáles son los territorios que ya han establecido para realizar la ocupación posterior.
Cientos de nuevas fincas se van abriendo a lado y lado y empiezan a aparecer las casas, corrales, cocales o ‘llegando a la mina’ y demás parafernalia del nuevo modelo, donde cientos de familias pueden disponer de tierra, infraestructura y oportunidad económica (así sea con modelo mixto entre legal e ilegal), cosa que el Estado colombiano no ha sido capaz de hacer nunca.
El modelo de colonización, bien diseñado, tiene como eje los trazados viales sobre los cuales se va desprendiendo todo el andamiaje de transformación del suelo. Detrás van apareciendo nuevas propuestas de creación de veredas, con sus respectivas juntas, así como las solicitudes de asistencia institucional para el desarrollo de la ganadería, empezando por la creación de jagüeyes con maquinaria oficial, la vacunación de ganado con platas del erario público, como también ha ocurrido con los planes de sustitución de cultivos ilícitos, implementados en el lugar de los cocales sin la evaluación del ordenamiento de uso y propiedad (en muchos resguardos se ha terminado implementando sustitución con familias que han invadido las tierras de comunidades étnicas). Y así, poco a poco, se cambia el estatus legal de uso del suelo con el estímulo de la inversión estatal y la cobertura legal de la “confianza legitima” que dan las platas publicas ubicadas sin arreglo al ordenamiento o la zonificación vigente. El Estado subregional cooptado”.
En el Cauca, en el cañón del Micay, donde entre las disidencias de las FARC y campesinos cocaleros abrieron una vía que los acerque al mar, vivimos esta experiencia y con mayor razón cuando organizan a las comunidades para presionar la salida de las fuerzas armadas de la región.
