Por: Juan Pablo Matta Casas
Hace unos meses se hizo viral un meme que nació como crítica a la política de hidrocarburos del Gobierno Nacional, básicamente, invitaba a la ciudadanía a recoger gas, y es que Colombia se aproxima peligrosamente a un escenario de racionamiento de gas natural, incremento de tarifas para los hogares más vulnerables y colapso en la provisión del servicio en regiones enteras del país. Esta situación, lejos de ser una sorpresa, es el resultado directo de decisiones políticas adoptadas sin responsabilidad técnica ni visión estratégica, decisiones que han debilitado la autosuficiencia energética del país bajo el discurso de una transición que, paradójicamente, hoy amenaza el bienestar de millones.
Desde hace más de una década, Colombia logró consolidar un modelo de cobertura en gas natural que garantizaba acceso a los estratos 1 y 2, gracias al subsidio estatal y a una producción nacional suficiente. Sin embargo, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, el país ha frenado la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, lo cual, en un contexto de reservas decrecientes, ha reducido la capacidad de respuesta de la industria energética. El resultado es evidente: el país comenzó a importar gas desde diciembre de 2024 y hoy esa dependencia está traduciéndose en tarifas más altas, riesgo de desabastecimiento y, lo que es más grave, incertidumbre estructural.
El argumento del Gobierno ha sido reiterado: “Colombia debe dejar de depender de los combustibles fósiles para mitigar el cambio climático”. Nadie discute la necesidad de transitar hacia fuentes renovables; lo que se discute es que esa transición debe ser ordenada, técnica y basada en un diagnóstico certero de capacidades e infraestructura. Hacerlo de forma improvisada, sin alternativas instaladas, no es responsabilidad ambiental: es negligencia pública.
A esta crisis de oferta se suma la omisión institucional en el pago de subsidios. Desde julio de 2024, el Ministerio de Hacienda no gira los recursos correspondientes al subsidio de gas para cilindros (GLP), y Enercer (empresa que abastece más de una decena de municipios de Boyacá) ha anunciado la inminente suspensión del servicio a partir del 1 de abril. Las consecuencias no son retóricas: miles de familias campesinas y hogares en zonas rurales quedarán sin acceso al combustible que usan para cocinar, producir y vivir.
El déficit acumulado supera los 68 mil millones de pesos, y sigue creciendo. La Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Minas y Energía han recibido alertas, pero no han reaccionado. La cadena de suministro está fracturada: Plexa, el proveedor mayorista, ya ha notificado que suspenderá contratos de suministro. Las advertencias están sobre la mesa. Lo que falta es voluntad.
Mientras tanto, las tarifas siguen subiendo. Vanti, por ejemplo, anunció aumentos del 36% para sus usuarios. Las familias no solo ven amenazado el acceso al servicio, sino que ahora deben destinar una mayor parte de sus ingresos al pago de una factura inflada por errores de política pública. Esto es una violación indirecta del derecho mínimo vital a los servicios públicos, y es responsabilidad del Estado corregirlo.
Se habla de instalar una nueva regasificadora, pero no estará lista antes de finales de 2025. Se habla de importar gas desde Venezuela, pero el gasoducto Antonio Ricaurte está desmantelado desde 2015, y Estados Unidos ha impuesto aranceles del 25% a los países que comercien con petróleo y gas venezolano. Se habla de soluciones, pero ninguna es inmediata, y todas son inciertas.
Por eso, el problema no es técnico. Es político. El gobierno nacional está obligado a rectificar, no solo por eficiencia económica sino por dignidad institucional. No hay transición energética sin estabilidad energética. No hay equidad social si se suspenden subsidios a los más pobres. No hay desarrollo si se paraliza la infraestructura energética del país sin planes de contingencia claros y verificables.
La política energética debe ser una herramienta de desarrollo, no un instrumento de castigo social. Lo que está en juego no es solo el precio del gas. Es la estabilidad de la economía.
