Por Clara Inés Chaves Romero (*)
La inteligencia artificial está dejando de ser una innovación circunscrita a los laboratorios tecnológicos para convertirse en uno de los factores determinantes de la distribución del poder mundial. Su influencia se extiende a la economía, la seguridad, la educación, el empleo y las relaciones entre los Estados. La cuestión ya no es si transformará nuestras sociedades, sino quién controlará esa transformación, quién recibirá sus beneficios y quién asumirá sus costos.
La disputa por la inteligencia artificial es, en buena medida, una disputa geopolítica. Las potencias que concentran los semiconductores avanzados, la capacidad de cómputo, los datos, el capital y el talento especializado disponen de ventajas que pueden traducirse en influencia económica, militar y diplomática. Estados Unidos y China ocupan posiciones centrales en esta competencia, mientras Europa busca fortalecer sus capacidades industriales y regulatorias. Para los países en desarrollo, el desafío consiste en evitar que la revolución tecnológica amplíe las brechas existentes y consolide nuevas formas de dependencia.
El problema no se limita a quién fabrica los sistemas más avanzados. También importa quién establece sus reglas, controla las infraestructuras que los hacen funcionar, administra los datos y define las condiciones de acceso. Una sociedad puede utilizar herramientas de inteligencia artificial de última generación y, al mismo tiempo, depender de proveedores externos para procesar información, desarrollar aplicaciones esenciales y mantener servicios estratégicos. Acceder a la tecnología no equivale necesariamente a dominarla.
El empleo ante una transformación estructural
El mercado laboral constituye uno de los escenarios donde esta transformación tendrá mayores consecuencias. La inteligencia artificial puede automatizar determinadas tareas, aumentar la productividad y facilitar actividades que antes requerían más tiempo y recursos. También puede mejorar los servicios médicos, apoyar la investigación científica, fortalecer la educación y contribuir a la modernización de la administración pública.
Sin embargo, sus beneficios no están garantizados ni se distribuirán automáticamente. Algunas ocupaciones experimentarán cambios profundos; otras perderán parte de sus tareas tradicionales y surgirán nuevas funciones que exigirán conocimientos técnicos y capacidades humanas complementarias. El impacto dependerá del sector económico, del nivel de formación de los trabajadores y de la manera en que las empresas incorporen estas herramientas.
El Fondo Monetario Internacional ha advertido que la inteligencia artificial puede afectar una proporción importante del empleo mundial, aunque la exposición no significa necesariamente la desaparición de los puestos de trabajo. En muchos casos, la tecnología complementará la labor humana; en otros, sustituirá tareas y modificará las necesidades de contratación.
El riesgo consiste en que los aumentos de productividad se traduzcan en mayores beneficios para un grupo reducido de empresas, mientras los trabajadores afrontan incertidumbre, pérdida de oportunidades o dificultades para adaptarse. Los jóvenes que ingresan al mercado laboral merecen especial atención: si las herramientas automatizan tareas básicas que tradicionalmente permitían adquirir experiencia, será necesario crear nuevas vías de aprendizaje profesional.
La respuesta no debe ser frenar indiscriminadamente la innovación, sino preparar a la sociedad para gestionarla. Esto requiere educación de calidad, formación continua, actualización de competencias, protección social y diálogo entre gobiernos, empresas, universidades y trabajadores. También exige evaluar cómo se utilizan los sistemas automatizados en la contratación, la evaluación del desempeño y la toma de decisiones que afectan los derechos de las personas.
El verdadero indicador del progreso tecnológico no debería ser únicamente cuánto aumenta la productividad, sino también cómo se distribuyen sus beneficios y qué oportunidades ofrece a quienes deben adaptarse.
Soberanía tecnológica: más que conectarse a internet
Para América Latina, la soberanía tecnológica se ha convertido en una cuestión estratégica. No significa producir dentro de las fronteras nacionales todos los componentes de una industria global, una meta difícil incluso para economías avanzadas. Significa desarrollar capacidades suficientes para tomar decisiones informadas, proteger los intereses públicos, reducir dependencias críticas y participar en la creación de soluciones tecnológicas.
Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), publicado en enero de 2026, identificó limitaciones regionales relacionadas con la inversión en inteligencia artificial y la formación de capital humano. Más recientemente, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial de 2026, presentado el 20 de octubre por la CEPAL y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, destacó que la conectividad, aunque indispensable, ya no es suficiente. La región necesita fortalecer la capacidad de cómputo, la investigación, la adopción empresarial y la ejecución de sus estrategias nacionales.
Las asimetrías son significativas. Según ese índice, Brasil concentra el 87,7 % de las unidades de procesamiento gráfico y el 92 % de la capacidad de procesamiento regional consideradas en el estudio. Además, la adopción empresarial estimada alcanza el 27,6 % en las grandes compañías, frente al 12,8 % en las medianas y el 6,8 % en las pequeñas. Estas cifras ilustran las diferencias de capacidad y escala que condicionan el desarrollo tecnológico latinoamericano.
La región no puede conformarse con importar aplicaciones y consumir servicios desarrollados en otros mercados. Necesita invertir en investigación, fortalecer sus universidades, formar especialistas, mejorar la infraestructura digital y estimular a las empresas para que incorporen estas herramientas en sus procesos productivos. También debe proteger sus datos, preservar la privacidad y desarrollar capacidades para evaluar los riesgos de los sistemas que adopta.
Colombia tiene una oportunidad para avanzar en esta dirección. La Política Nacional de Inteligencia Artificial, aprobada mediante el CONPES 4144 de 2025, estableció más de cien acciones con horizonte hasta 2030 y una inversión prevista de 479.000 millones de pesos. Sus líneas de trabajo incluyen gobernanza, infraestructura y datos, investigación, formación de talento, gestión de riesgos y adopción tecnológica.
El desafío consiste ahora en convertir los objetivos de política pública en resultados verificables. Esto supone coordinar las instituciones, garantizar la continuidad de las inversiones, fortalecer las capacidades regionales y asegurar que la innovación llegue también a las pequeñas empresas, las instituciones educativas y las comunidades rurales. La soberanía tecnológica no se construye únicamente con anuncios o estrategias escritas, sino con conocimiento, infraestructura, talento y capacidad efectiva de ejecución.
La dimensión jurídica y democrática
El desarrollo de la inteligencia artificial plantea, además, preguntas fundamentales sobre el Estado de derecho. ¿Quién responde cuando un sistema automatizado produce una decisión discriminatoria? ¿Cómo se protegen los datos personales? ¿Qué garantías deben tener los ciudadanos cuando una entidad pública utiliza algoritmos para evaluar solicitudes, asignar recursos o identificar riesgos?
Estas preguntas requieren marcos jurídicos que protejan los derechos fundamentales sin convertir la regulación en un obstáculo innecesario para la investigación y la innovación. La transparencia, la supervisión humana en decisiones de alto impacto, la seguridad de los sistemas y la posibilidad de cuestionar decisiones automatizadas deben formar parte de una gobernanza responsable.
La cuestión también tiene implicaciones internacionales. Los sistemas de inteligencia artificial pueden utilizarse para mejorar servicios públicos y ampliar el acceso al conocimiento, pero también pueden facilitar la desinformación, la vigilancia abusiva y determinadas formas de manipulación. Por ello, la cooperación entre Estados resulta indispensable para establecer principios comunes, intercambiar conocimientos y abordar riesgos que no se detienen en las fronteras nacionales.
Ningún país puede resolver por sí solo todos estos desafíos. Pero la cooperación internacional será más equilibrada si los países en desarrollo participan en la elaboración de las reglas y no se limitan a recibir estándares definidos por otros.
Una agenda para América Latina
La inteligencia artificial ofrece a América Latina una oportunidad para diversificar sus economías, mejorar la productividad y atender problemas persistentes en salud, agricultura, educación, gestión ambiental y administración pública. Para aprovecharla, la región necesita una agenda que combine innovación con inclusión social y autonomía tecnológica.
Esa agenda debe priorizar la formación de talento, la investigación aplicada, la infraestructura digital, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la protección de los derechos ciudadanos. También conviene impulsar proyectos regionales de investigación, compartir capacidades de cómputo y fortalecer la cooperación universitaria. En lugar de duplicar esfuerzos de manera aislada, los países pueden sumar recursos y conocimientos en ámbitos de interés común.
La soberanía tecnológica no exige autarquía ni aislamiento. Exige capacidad de elección. Un país puede cooperar con empresas extranjeras, utilizar tecnologías internacionales y atraer inversión sin renunciar a la protección de sus datos, al desarrollo de capacidades propias ni a la defensa de sus intereses públicos.
La revolución de la inteligencia artificial no determinará por sí sola el futuro de nuestras sociedades. Ese futuro dependerá también de las decisiones políticas, las instituciones, las prioridades educativas y los acuerdos económicos que se adopten hoy.
La pregunta decisiva no es si América Latina logrará competir en todos los terrenos con las grandes potencias tecnológicas. Es si podrá utilizar la inteligencia artificial para ampliar sus capacidades, generar empleos de mayor calidad, reducir desigualdades y fortalecer su autonomía.
En el siglo XXI, la soberanía no se mide exclusivamente por el control del territorio o de los recursos naturales. También depende de la capacidad de producir conocimiento, administrar información, formar talento y participar en las decisiones que configuran la economía mundial. Quedar al margen de esa transformación tendría un costo que va mucho más allá de la tecnología: comprometería las posibilidades de desarrollo y la libertad de decidir el propio futuro.
Exdiplomática, escritora y analista internacional. (*)
