Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario tras valorar los elementos probatorios por tortura agravada y homicidio agravado.
Un juez de control de garantías de la capital ordenó enviar a prisión de manera preventiva a cuatro integrantes de la Policía Nacional, investigados por su presunta responsabilidad en los actos de agresión y la posterior muerte del joven afrocolombiano Donovan Balanta Paz, en hechos ocurridos el pasado 20 de septiembre.
La decisión judicial cobija al mayor Roque Correa Yánez, comandante de la estación de Policía de Cazucá; al subintendente Henar Santiago Tapiero Tique, y a los patrulleros Jonathan Alexander Giraldo Torres y Santiago Vargas Romero. La Fiscalía General de la Nación presentó un denso material probatorio que llevó al despacho a determinar que la medida intramural resulta necesaria y urgente.
Evidencias de tortura y agresiones
“El dictamen de Medicina Legal confirmó que la víctima falleció por una arritmia cardíaca causada por múltiples golpes y continuas descargas eléctricas con táser.”
Según el expediente presentado por el ente investigador, el procedimiento policial se inició en el barrio Caracolí, de la localidad de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá, y se trasladó posteriormente a las instalaciones de la estación de policía de Cazucá, en el municipio de Soacha. Durante el trayecto y la permanencia en la sede policial, Balanta Paz permaneció esposado y semidesnudo mientras era sometido a severas agresiones físicas.
El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses resultó determinante para el esclarecimiento del caso. Los peritos forenses confirmaron que la causa exacta del deceso fue una arritmia cardíaca provocada por el estrés traumático de múltiples golpes, bofetadas, patadas y continuas descargas eléctricas propinadas con un dispositivo tipo táser. La investigación señala que, a pesar de que el detenido manifestó reiteradamente síntomas de asfixia y un fuerte dolor en el pecho, la remisión a un centro médico asistencial se demoró aproximadamente 20 minutos.
Imputación de cargos y enfoque diferencial
En el marco de las audiencias concentradas, la Fiscalía imputó a los cuatro procesados los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. Adicionalmente, al mayor Correa Yánez y al patrullero Giraldo Torres se les formuló el delito de falsedad ideológica en documento público, al presuntamente haber alterado las minutas oficiales de la estación para hacer constar que el detenido había recibido un trato digno. Ninguno de los imputados aceptó los cargos formulados en su contra.
El caso es adelantado por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos bajo un enfoque diferencial étnico-racial, debido a las denuncias sobre insultos y vejámenes discriminatorios proferidos contra la víctima durante el operativo. El ente de control precisó que el proceso se mantiene abierto y no se descartan nuevas vinculaciones de otros uniformados que hayan participado o facilitado las agresiones.
