El informe de 135 páginas reúne hallazgos detectados durante el empalme y plantea cuestionamientos sobre contratación, ejecución de recursos, reforma agraria, seguridad y programas sociales.
El informe que el nuevo Gobierno puso en manos de las autoridades
El presidente Abelardo de la Espriella entregó el 18 de agosto a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República el denominado ‘Libro de la Verdad’, un informe elaborado durante el proceso de empalme de la administración anterior. El documento, de 135 páginas, reúne 82 casos relacionados con presuntas irregularidades, riesgos fiscales y problemas de gestión identificados por los equipos sectoriales.
El documento reúne 82 casos y prioriza asuntos que, según el Gobierno, comprometieron la gestión pública; ahora corresponde a los organismos de control establecer si existen responsabilidades.
De acuerdo con el propio informe y con las publicaciones de medios nacionales que revisaron su contenido, el proceso de empalme estuvo organizado alrededor de 22 sectores y nueve comportamientos considerados críticos para el funcionamiento del Estado. Entre ellos aparecen la pérdida de rigor técnico, la opacidad de la información pública, la parálisis operativa, la concentración contractual, la pérdida de control territorial frente a economías criminales y las restricciones de capacidad fiscal.
Semana reportó que el Gobierno recibió y priorizó 126 casos de comportamientos que, según el Ejecutivo, podían poner en riesgo la estabilidad de la función pública, de los cuales 59 fueron priorizados; dentro de ese universo, el Equipo Élite Anticorrupción identificó 23 casos de presunta corrupción que fueron objeto de actuaciones jurídicas específicas. El libro, en su diagnóstico general, reúne 82 casos.
UNGRD, uno de los principales focos del informe
Entre los asuntos más relevantes aparece la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según Asuntos Legales, el informe señala que la entidad habría ejecutado 4,3 % de $15,3 billones durante cuatro años, mientras permanecían $240.766 millones sin reintegrar. También menciona un decreto relacionado con $4 billones que fue suspendido por el Consejo de Estado.
Otro caso está relacionado con los recursos destinados a La Guajira. El informe señala que entre 2022 y julio de 2026 se suscribieron 1.085 contratos por aproximadamente $1,78 billones bajo el marco de la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que protege los derechos de la población infantil wayúu. El cuestionamiento del documento se concentra en los resultados verificables frente a los recursos ejecutados.
Reforma agraria y adquisición de tierras
La reforma agraria ocupa otro de los capítulos de mayor impacto. El Espectador reportó que el equipo de empalme advirtió sobre la adquisición de predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras, con desembolsos cercanos a $1 billón. De 537 predios analizados, el informe indicó que solo tres habían sido debidamente titulados al momento de la revisión. A partir de esos hallazgos, el equipo señaló que presentó denuncia penal, acción fiscal y queja disciplinaria.
Entre los casos aparecen cuestionamientos a la UNGRD, la reforma agraria, Caminos Comunitarios, la UNP, Fonigualdad, Colombia Mayor, Air-e y Fomag.
El documento también expone un caso relacionado con los llamados ‘Caminos Comunitarios de la Paz Total’. Según El Espectador, se comprometieron más de $612.000 millones con Juntas de Acción Comunal y se identificaron situaciones de baja ejecución. Como ejemplo, el informe menciona seis convenios en Antioquia por más de $2.289 millones que registraban ejecución presupuestal del 100 %, mientras las obras presentaban avance físico de 0 %. El equipo de empalme informó haber presentado una denuncia penal.
Otros casos incluidos entre las principales alertas
El informe cuestiona el uso extendido de contratos de prestación de servicios para funciones permanentes. Asuntos Legales reportó que el Gobierno identificó hasta 900.000 contratistas bajo esta modalidad y calculó un pasivo contingente superior a $5 billones. El documento presenta este asunto como un problema estructural de gestión pública y contratación.
En materia de protección, el libro revisó contratos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por más de $78.000 millones destinados a la prestación del servicio de escoltas en determinadas zonas. El Espectador señaló que el equipo cuestionó la delimitación del objeto contractual y la exclusión de otras zonas, y que formuló una queja disciplinaria y solicitó la suspensión del director de la entidad.
También se incluyeron alertas sobre Fonigualdad, programa en el que el informe señala pagos por $140.910 millones a una empresa de servicios temporales sin soportes suficientes, así como un diagnóstico sobre Colombia Mayor. Según Asuntos Legales, el Gobierno advirtió que el presupuesto del programa se agotó en julio, pese a que atiende a cerca de tres millones de adultos mayores en situación de pobreza.
En el sector energético, el documento cuestiona la situación financiera de Air-e y señala que su patrimonio pasó de $2,2 billones en 2023 a -$377.662 millones en 2025, con pérdidas acumuladas de $2,59 billones. En el Fomag se mencionan 61 hallazgos de la Contraloría por $548.000 millones y dificultades relacionadas con el reconocimiento y pago de pensiones a docentes.
La etapa que comienza ahora
La presentación del ‘Libro de la Verdad’ abre una etapa de revisión institucional. El presidente De la Espriella ha señalado que el documento no pretende sustituir a la justicia ni convertir los hallazgos en condenas. La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció la conformación de un equipo especial para estudiar la información y establecer qué hechos pueden tener relevancia penal.
El propio informe establece que la validación realizada durante el empalme no constituye una auditoría ni una investigación administrativa. El documento funciona como un diagnóstico y como traslado de información a las autoridades, que deberán contrastar contratos, registros presupuestales, documentos administrativos y demás elementos de prueba.
La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría deberán establecer, dentro de sus competencias, si existen delitos, faltas disciplinarias o afectaciones al patrimonio público. Por ello, los 82 casos deben presentarse como presuntas irregularidades o hallazgos del equipo de empalme mientras avanzan las verificaciones oficiales.
El informe ya abrió una nueva controversia política entre el actual Gobierno y sectores vinculados a la administración anterior. Sin embargo, el alcance jurídico de los casos dependerá de las investigaciones que adelanten las autoridades y de las pruebas que puedan ser incorporadas a cada actuación.
El ‘Libro de la Verdad’ se convierte así en uno de los primeros grandes episodios políticos y judiciales de la nueva administración. Más allá de las cifras y los señalamientos, el resultado definitivo dependerá de las decisiones que adopten las instituciones encargadas de investigar y ejercer control sobre los recursos públicos.
Fuentes consultadas
Documento ‘Libro de la Verdad – Empalme Anticorrupción 2026’, 135 páginas.
El Espectador, ‘Estos son los detalles del “Libro de la Verdad” revelando 82 casos de presunta corrupción’.
Asuntos Legales, ‘El Libro de la Verdad mostró los 10 casos que pusieron en riesgo la gestión pública’.
Semana, ‘Exclusivo: SEMANA revela El libro de la verdad: contratos millonarios y movimientos de última hora…’.
La FM, ‘El Libro de la Verdad de Abelardo de la Espriella: estos son los hallazgos…’.
El Heraldo / EFE, ‘Las 10 alertas que deja el Libro de la verdad sobre el gobierno Petro’.
Corte de información: 19 de agosto de 2026.
