La autoridad ambiental confirmó la sanción definitiva contra la firma responsable tras evidenciar la ocupación permanente del cauce inicial, daños a la franja de protección y tala no autorizada.
La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) dejó en firme una histórica sanción ambiental en contra de una reconocida sociedad constructora de la región, tras comprobar graves e irreversibles impactos ecológicos sobre la quebrada Machángara, una importante corriente hídrica ubicada en la zona urbana de Popayán. La medida quedó ratificada formalmente mediante la expedición de la Resolución No. 816 del 17 de julio de 2026.
La exhaustiva investigación administrativa y técnica adelantada por la autoridad ambiental permitió corroborar que la empresa constructora incurrió en la ocupación y posterior desaparición permanente del tramo inicial del cauce de dicha fuente hídrica. Asimismo, las inspecciones de campo evidenciaron la intervención arbitraria de la franja de protección reglamentaria de la quebrada, sumado a la tala sin el debido salvoconducto ni autorización legal de un individuo forestal en el área del proyecto.
Al haberse agotado los términos legales y no proceder recurso alguno en la vía administrativa, la decisión quedó ejecutoriada de manera definitiva. La cuantiosa multa impuesta asciende a $1.691 millones de pesos, monto que refleja la gravedad del perjuicio causado al ecosistema local. Además del pago pecuniario, la providencia de la CRC obliga a la firma sancionada a ejecutar rigurosas medidas compensatorias diseñadas para mitigar y reparar, en la medida de lo técnicamente posible, el deterioro generado a las dinámicas hídricas y ambientales de la capital caucana.
La entidad reiteró que las licencias urbanísticas no reemplazan los permisos ambientales.
A través de este pronunciamiento, la Autoridad Ambiental del Cauca envió un mensaje contundente al sector inmobiliario y de la construcción en el departamento, recordando de manera enfática que las licencias urbanísticas concedidas por las curadurías o las opiniones favorables de otras entidades públicas no eximen del cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente.
La CRC enfatizó que dichos trámites edilicios no sustituyen, bajo ningún escenario, las concesiones ni los permisos ambientales obligatorios expedidos por la autoridad competente para la intervención de cauces, aprovechamientos forestales o la afectación de zonas de ronda. “Mucho menos autorizan la ocupación permanente con infraestructura de ecosistemas estratégicos previamente identificados como tales”, puntualizó la entidad corporativa.
Con la ratificación de este fallo sancionatorio, la CRC reafirma su postura de velar por la conservación del patrimonio natural del departamento y sienta un precedente decisivo en defensa de las fuentes hídricas urbanas de Popayán frente a la expansión inmobiliaria desmedida.
