La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusa a antiguos miembros de las FARC de crímenes de guerra y lesa humanidad en 19 municipios de Colombia.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado a 12 exintegrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) por su presunta responsabilidad en más de 5.000 crímenes cometidos en el norte del departamento del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Estos hechos, que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos, ocurrieron en 19 municipios de estas regiones.
La JEP es un tribunal especial creado tras el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Su objetivo es investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, ofreciendo a los responsables la posibilidad de reconocer sus actos a cambio de sanciones alternativas a la prisión, siempre y cuando contribuyan a la verdad y la reparación de las víctimas.
Según la información proporcionada por la JEP, los imputados pertenecían a siete estructuras de las FARC-EP que operaban en la región, entre ellas el Comando Conjunto de Occidente, conocido desde 2012 como el Bloque Occidental. Entre los acusados se encuentra Pablo Catatumbo, ex miembro del secretariado de las FARC y actual dirigente del partido Comunes.
Los crímenes imputados incluyen:
- Asesinatos y desapariciones forzadas: Se señala la existencia de un patrón de asesinatos de civiles acusados de ser informantes o colaboradores de las fuerzas del Estado. Entre las víctimas se encuentran líderes indígenas y comunitarios.
- Desplazamiento forzado: Las acciones de las FARC-EP habrían provocado el desplazamiento de numerosas comunidades, especialmente indígenas y afrodescendientes, que se vieron obligadas a abandonar sus territorios ancestrales.
Reclutamiento de menores: Se documentó el alistamiento de niños y niñas en las filas guerrilleras, vulnerando sus derechos fundamentales.
El norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca han sido históricamente zonas de influencia de las FARC-EP. Durante décadas, estas regiones fueron escenario de enfrentamientos entre la guerrilla y las fuerzas del Estado, así como de acciones contra la población civil. Las comunidades indígenas y afrodescendientes de la zona han denunciado repetidamente violaciones de derechos humanos y desplazamientos forzados.
Tras la imputación, los exintegrantes de las FARC-EP tendrán la oportunidad de reconocer su responsabilidad y aportar a la verdad en relación con los crímenes imputados. De aceptar los cargos y contribuir de manera efectiva a la reparación de las víctimas, podrían acceder a sanciones restaurativas, que incluyen restricciones de derechos y libertades, pero no implican penas privativas de la libertad.
En caso contrario, si no reconocen su responsabilidad o no aportan a la verdad, enfrentarán un juicio ante el Tribunal para la Paz de la JEP, que podría imponerles penas de prisión de hasta 20 años.
