Diego Francisco Mosquera Rodríguez, exfiscal en Florencia, Caquetá, fue condenado a siete años de prisión por prevaricato, tras solicitar la libertad de un hombre acusado del asesinato de una mujer en 2017, pese a contar con pruebas que lo implicaban en el crimen.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
El Tribunal Superior de Florencia ha condenado a siete años de prisión a Diego Francisco Mosquera Rodríguez, exfiscal delegado ante jueces de circuito de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de prevaricato. La sentencia se deriva de su actuación en el caso del asesinato de una mujer ocurrido el 25 de junio de 2017 en el barrio Las Avenidas de Florencia, Caquetá. Mosquera Rodríguez solicitó la libertad del principal sospechoso, a pesar de disponer de elementos probatorios que demostraban su relación con el crimen.
El 25 de junio de 2017, una mujer fue asesinada en el barrio Las Avenidas de Florencia. Las autoridades capturaron a un hombre como principal sospechoso del homicidio, recopilando pruebas que lo vinculaban directamente con el delito. Sin embargo, durante el proceso judicial, el entonces fiscal Diego Francisco Mosquera Rodríguez solicitó la libertad del detenido, argumentando insuficiencia de pruebas. Esta acción contravenía la evidencia existente y las obligaciones legales inherentes a su cargo.
El Tribunal Superior de Florencia determinó que Mosquera Rodríguez actuó de manera contraria a la ley, al solicitar la libertad del acusado pese a contar con pruebas suficientes que lo implicaban en el asesinato. Esta conducta fue calificada como prevaricato, delito que se configura cuando un servidor público profiere decisiones arbitrarias o injustas, apartándose deliberadamente del ordenamiento jurídico. La condena impuesta incluye una pena de siete años de prisión y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo.
La Fiscalía General de la Nación ha reiterado su compromiso con la transparencia y la legalidad en el ejercicio de sus funciones. En un comunicado, la entidad manifestó que no tolerará actuaciones indebidas por parte de sus funcionarios y que continuará trabajando para garantizar la justicia y la protección de los derechos de las víctimas. Asimismo, se destacó la importancia de la sentencia como un precedente en la lucha contra la corrupción y la impunidad dentro del sistema judicial.
