Fabiola Márquez, magistrada del Consejo Nacional Electoral, enfrenta cuestionamientos por su cercanía al Pacto Histórico y su participación en decisiones que involucran al presidente Gustavo Petro.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
En los últimos meses, Fabiola Márquez, magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia, ha sido objeto de controversia debido a su presunta cercanía con el movimiento político Pacto Histórico y su participación en decisiones que afectan al presidente Gustavo Petro. Estas situaciones han generado debates sobre la imparcialidad y la independencia de los miembros del CNE, entidad encargada de garantizar la transparencia en los procesos electorales del país.
El CNE es el organismo responsable de regular, vigilar y controlar la actividad electoral en Colombia. Sus magistrados deben actuar con total imparcialidad para asegurar la integridad de las elecciones y la confianza pública en el sistema democrático. Sin embargo, la participación de Márquez en actividades relacionadas con el Pacto Histórico ha suscitado dudas sobre su neutralidad en el ejercicio de sus funciones.
En julio de 2024, Márquez viajó a Venezuela como veedora internacional en las elecciones de ese país, representando al CNE colombiano. Su participación en este evento generó críticas, especialmente porque no se reportó oficialmente su misión, lo que levantó sospechas sobre la transparencia de su actuación. A través de canales internos del CNE, sus colegas intentaron obtener explicaciones sobre su viaje, pero no recibieron respuestas claras, lo que aumentó las especulaciones sobre su rol en las elecciones venezolanas.
Además, en mayo de 2024, el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, presentó recusaciones contra Márquez y otra magistrada del CNE, Alba Lucía Velásquez, argumentando que su cercanía con el Pacto Histórico podría comprometer su imparcialidad en la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Cadavid señaló que ambas magistradas han expresado públicamente opiniones afines al gobierno de Petro, lo que, según él, podría influir en sus decisiones dentro del CNE.
Estas recusaciones fueron finalmente negadas por la Sala Plena del CNE en junio de 2024, permitiendo que Márquez y Velásquez continuaran participando en las deliberaciones relacionadas con la campaña de Petro. No obstante, la controversia sobre su imparcialidad persiste, especialmente después de que ambas magistradas salvaran su voto en la decisión de formular cargos contra la campaña de Petro por presunta violación de topes de financiación. Argumentaron que el CNE no tiene competencia para investigar a un presidente en ejercicio, postura que ha sido objeto de debate en la opinión pública.
La situación de Márquez se complica aún más debido a un juicio en su contra en la Corte Suprema de Justicia. Desde septiembre de 2024, la Sala de Primera Instancia de la Corte lleva a cabo un proceso judicial en su contra, aunque los detalles específicos del caso no han sido ampliamente divulgados. Este juicio ha intensificado las preocupaciones sobre su idoneidad para ejercer como magistrada del CNE y ha puesto en tela de juicio la integridad del organismo electoral.
