El INPEC realizó una intervención simultánea en 124 cárceles del país para combatir las extorsiones, incautan más de mil celulares, armas y estupefacientes.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
En un esfuerzo sin precedentes para combatir las extorsiones gestadas desde el interior de las cárceles colombianas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) llevó a cabo una intervención simultánea en 124 centros penitenciarios del país. Esta operación resultó en la incautación de 1.078 celulares, 2.263 accesorios para celular, 475 tarjetas SIM, 15 módems WiFi, 18 kilos de estupefacientes y 720 armas de fabricación artesanal.
La problemática de las extorsiones desde las cárceles ha sido una constante preocupación para las autoridades y la ciudadanía. Delincuentes privados de la libertad han encontrado en los dispositivos móviles una herramienta para continuar sus actividades ilícitas, afectando a comerciantes y ciudadanos en general. Según datos de la Procuraduría General de la Nación, la extorsión carcelaria ha aumentado en los últimos años, lo que evidencia la magnitud del problema.
El director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, ha manifestado en diversas ocasiones su compromiso para enfrentar esta situación. En declaraciones anteriores, Gutiérrez señaló: “La delincuencia organizada ha aumentado la extorsión. Cuando se analiza el delito de extorsión, el elemento material que se usa es el celular, lo puedes hacer en la calle y desafortunadamente también lo puedes hacer en la cárcel, claro, con la permisividad o corrupción de funcionarios“.
La operación reciente se enmarca dentro de la estrategia denominada “Operación Dominó”, lanzada en agosto de 2023, que busca desarticular las redes de extorsión y otros delitos que se gestan desde los centros penitenciarios. Esta estrategia ha permitido la identificación de más de 30 dinamizadores de la extorsión y la realización de más de 270 operativos al interior de los penales, con la incautación de más de 1.900 celulares hasta la fecha.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la problemática persiste. La falta de inhibidores de señal funcionales en las cárceles ha facilitado que los reclusos mantengan contacto con el exterior. Según la congresista Carolina Arbeláez, “en más de ocho cárceles a nivel nacional los inhibidores de señal se encuentran fuera de servicio“.
Además, la corrupción dentro de los centros penitenciarios ha sido un factor determinante en la perpetuación de estas actividades ilícitas. En operativos recientes, se ha evidenciado la complicidad de algunos funcionarios del INPEC en la entrada de dispositivos prohibidos. Por ejemplo, en un megaoperativo realizado en 11 cárceles del país, fueron capturados seis guardianes del INPEC por su presunta participación en actividades delictivas, incluyendo la facilitación de extorsiones desde el interior de las prisiones.
La ciudadanía también ha expresado su preocupación frente a esta problemática. Comerciantes y empresarios han sido víctimas de extorsiones originadas desde las cárceles, generando un clima de inseguridad y desconfianza. La falta de control efectivo sobre las comunicaciones de los reclusos ha permitido que estas prácticas continúen, afectando la economía y la tranquilidad de diversos sectores de la sociedad.
En respuesta a esta situación, el INPEC ha anunciado la implementación de nuevas medidas para reforzar la seguridad en los centros penitenciarios. Entre ellas, se destaca la colaboración con operadores de telefonía móvil y los ministerios de Justicia y de las TIC para bloquear las señales de comunicación no autorizadas desde el interior de las cárceles. Esta iniciativa busca impedir que los reclusos puedan utilizar dispositivos móviles para actividades delictivas.
Asimismo, se ha propuesto la creación de una Unidad Judicial Exclusiva Especializada e Interinstitucional que se enfoque en abordar el delito de extorsión carcelaria. Esta unidad buscaría agilizar las investigaciones y sancionar de manera efectiva a los responsables, tanto internos como externos, de estas actividades ilícitas.
