El presidente Gustavo Petro acusa al Consejo de Estado de “lawfare” tras anular la elección del alcalde de Duitama, José Luis Bohórquez, miembro de Colombia Humana, en medio de disputas internas de la izquierda.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
Hay un nuevo enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en el país. La controversia surgió luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de José Luis Bohórquez como alcalde de Duitama, Boyacá, quien es miembro del partido Colombia Humana, liderado por Petro. El mandatario calificó esta decisión como un acto de “lawfare”, término que se refiere al uso indebido de procedimientos legales con fines de persecución política.
La anulación de la elección de Bohórquez se originó en una disputa interna entre facciones de izquierda, particularmente entre Bohórquez y César Pachón, exsenador y líder del partido MAIS. Según informes, Bohórquez habría apoyado a candidatos de otra fuerza de izquierda, lo que fue cuestionado legalmente por dos abogados, incluyendo a José Luis Valenzuela, cercano a Pachón. Esta situación llevó al Consejo de Estado a tomar la decisión de anular su elección, argumentando irregularidades en sus apoyos políticos.
El presidente Petro reaccionó enérgicamente a través de sus redes sociales, afirmando que este fallo representa un ataque contra el voto popular y advirtiendo sobre la posibilidad de un golpe parlamentario en 2025.
El término “lawfare” ha sido utilizado en América Latina para describir situaciones donde se emplean procedimientos judiciales con el objetivo de desacreditar o inhabilitar a adversarios políticos. En este contexto, Petro sugiere que la decisión del Consejo de Estado forma parte de una estrategia más amplia para debilitar su gobierno y las fuerzas políticas que lo respaldan.
Por su parte, el Consejo de Estado ha defendido su actuación, afirmando que sus decisiones se basan en la Constitución y la ley, sin atender a favoritismos políticos. El magistrado Milton Chaves, presidente del Consejo de Estado, declaró: “La justicia en general no tiene ningún color político. La justicia tiene que decidir conforme a la Constitución y a la ley“.
La anulación de la elección de Bohórquez también ha generado reacciones en el ámbito local. El propio Bohórquez manifestó su respeto por la decisión judicial, aunque criticó lo que considera una interpretación “conservadora” y percibe una motivación política detrás del fallo. “Respeto la decisión, pero no puedo dejar de señalar que esta interpretación conservadora de la ley afecta la voluntad popular expresada en las urnas“, afirmó Bohórquez.
Este episodio se suma a una serie de tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en Colombia. En meses anteriores, el presidente Petro ha cuestionado decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del propio Consejo de Estado relacionadas con investigaciones sobre su campaña presidencial de 2022. Petro ha llegado a afirmar que estas acciones configuran un “golpe de Estado” en su contra.
