Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
El nombramiento de Daniel Mendoza Leal como embajador de Colombia en Tailandia no solo pone en tela de juicio la coherencia del gobierno, sino que también expone un profundo desacierto ético. En este caso, las críticas no provienen de un lugar partidista o sesgado, sino de la propia Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien ha señalado que las declaraciones públicas de Mendoza, en las que admite haber mantenido relaciones sexuales con menores de edad bajo los efectos de sustancias psicoactivas, representan actos de violencia sexual. Estas conductas violan principios fundamentales consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y constituyen una afrenta directa a los valores que el gobierno afirma defender.
La designación de Mendoza en un cargo diplomático contradice gravemente el discurso oficial del gobierno, que se ha presentado como defensor de una política exterior feminista y comprometido con la erradicación de todas las formas de violencia contra mujeres, niños y adolescentes. Como lo ha manifestado la Defensora, este nombramiento no es solo un error administrativo, sino un mensaje devastador que perpetúa una cultura de impunidad frente a la violencia de género y la vulneración de los derechos de los menores. Si el gobierno no actúa con coherencia entre su discurso y sus acciones, sus iniciativas y políticas terminan vacías de significado.
Por si fuera poco, Mendoza carece de la formación y experiencia necesarias para un cargo diplomático de tal relevancia. Su perfil, centrado en la creación de contenido mediático como la serie documental “Matarife”, no solo es insuficiente, sino también controversial. Este proyecto, que generó amplia discusión pública por sus acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe, también fue objeto de cuestionamientos legales por desinformación y vulneración de derechos fundamentales, como lo determinó la Corte Constitucional. Este historial problemático agrava la preocupación por la falta de criterios técnicos y éticos en su nombramiento.
El contexto económico de Colombia suma un ingrediente más a la indignación. En un momento de crisis fiscal, con un déficit proyectado de 12 billones de pesos para 2025, resulta incomprensible que se utilicen recursos públicos para sostener a personas en cargos diplomáticos sin la experiencia o idoneidad necesarias. El servicio exterior no debe convertirse en un refugio para aliados políticos, sino en una herramienta clave para fortalecer la presencia internacional de Colombia y promover sus intereses de manera eficaz.
El gobierno debe responder preguntas esenciales: ¿Por qué se priorizó a Daniel Mendoza para esta posición? ¿Cuál es el mensaje que se está enviando a las víctimas de violencia de género y a la ciudadanía en general? Y, más importante aún, ¿cuándo se empezará a actuar con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace?
