La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha iniciado una investigación contra la fiscal Angélica Monsalve por sus declaraciones públicas que cuestionan a altos funcionarios judiciales, incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Este caso ha generado debate sobre los límites de la libertad de expresión de los funcionarios judiciales y su relación con la independencia de la justicia.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra la fiscal Angélica Monsalve, quien se desempeña en la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. Esta decisión se basa en publicaciones realizadas por Monsalve en la red social X (anteriormente Twitter), donde criticó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, y a otros miembros del poder judicial.
En una de sus publicaciones, Monsalve instó al magistrado Chaverra a “cumplir y hacer cumplir la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia“, sugiriendo que dicha ley es violada por los jueces a través de su propio reglamento. Además, señaló que “el desorden comienza por casa“, insinuando que las irregularidades en la justicia parten desde las altas esferas.

Reacciones y respuestas
Tras el anuncio de la investigación, el presidente de la CNDJ, Alfonso Cajiao Cabrera, explicó que se compulsaron copias a la Seccional Bogotá para evaluar si Monsalve incurrió en faltas disciplinarias, en virtud del artículo 32 de la Ley 1123 de 2007. Este artículo prohíbe a los funcionarios judiciales injuriar o acusar temerariamente a servidores públicos, abogados y demás personas relacionadas con el sistema judicial.
Por su parte, la fiscal Monsalve reaccionó con ironía a la investigación en su contra, agradeciendo al presidente de la CNDJ por hacer público un video anunciando la nueva investigación disciplinaria. En su cuenta de X, expresó: “Desconocía que yo fuese tan importante como para que un magistrado hiciera eso tan inédito en la historia disciplinaria del país“.
Debate sobre la libertad de expresión y la independencia judicial
Este caso ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión de los funcionarios judiciales y su relación con la independencia de la justicia. Por un lado, se argumenta que los funcionarios judiciales, al igual que cualquier ciudadano, tienen derecho a expresar sus opiniones y críticas, especialmente cuando se trata de mejorar el sistema judicial. Sin embargo, otros sostienen que, debido a su posición, deben mantener una conducta que preserve la imparcialidad y la confianza pública en la justicia.
Expertos en derecho señalan que, si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, los funcionarios judiciales tienen responsabilidades adicionales que pueden limitar este derecho en ciertos contextos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las restricciones a la libertad de expresión deben ser necesarias y proporcionales, y que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio debido a su rol en la sociedad.
Antecedentes de la fiscal Monsalve
No es la primera vez que la fiscal Angélica Monsalve se encuentra en el centro de la controversia. En septiembre de 2022, denunció al fiscal general Francisco Barbosa ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, alegando persecución en su contra. Sin embargo, en abril de 2023, la comisión decidió archivar la investigación al no encontrar actuaciones contrarias a la ley por parte de Barbosa.
La investigación disciplinaria contra la fiscal Angélica Monsalve por sus declaraciones públicas sobre altos funcionarios judiciales ha generado un debate significativo sobre los límites de la libertad de expresión de los funcionarios judiciales y su relación con la independencia de la justicia. Este caso podría sentar precedentes importantes sobre cómo se equilibran estos derechos y responsabilidades en el futuro.