El asesinato de Sofía Delgado Zúñiga, de 12 años, en Candelaria ha conmocionado a Colombia. A pesar de los antecedentes de abuso sexual del agresor en 2018, la justicia falló en prevenir este trágico crimen. El país ahora debate el impacto de la reforma judicial que plantea reducir penas para violadores de menores, lo que ha generado indignación..
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
El nombre Sofía, que evoca sabiduría y luz, hoy está marcado por una profunda tristeza en Colombia. Sofía Delgado Zúñiga, de 12 años, fue asesinada después de desaparecer en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, el 29 de septiembre de 2024. La pequeña fue vista por última vez mientras se dirigía a la tienda a comprar un champú, pero nunca regresó. Tras días de angustiosa búsqueda, su cuerpo fue encontrado en un cañaduzal, un desenlace que ha dejado al país sumido en el luto y la indignación.
El responsable de este atroz crimen es Brayan Snaither Campo Pillimue, un hombre con antecedentes de abuso sexual desde 2018. En ese momento, Campo fue acusado de violar a una menor, pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos. La impunidad que permitió que este hombre estuviera en las calles vuelve a ser cuestionada, pues la muerte de Sofía pudo haberse evitado si el sistema de justicia hubiera actuado con mayor rigor.
La comunidad de Villagorgona y el país entero se han unido en rechazo a este crimen, exigiendo justicia para Sofía y pidiendo un cambio profundo en el sistema judicial. Las manifestaciones no solo buscan castigar al responsable, sino también enviar un mensaje contundente en contra de la impunidad que prevalece en los delitos sexuales en Colombia. En 2023, se reportaron más de 23,000 casos de abuso sexual, y las cifras de 2024 no muestran mejoras significativas. En el Valle del Cauca, el panorama es igualmente alarmante, con altos niveles de impunidad que rondan el 94%, lo que deja a las víctimas en una situación de indefensión.
En medio de esta tragedia, el debate sobre la reforma a la justicia propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro ha encendido más el ánimo de la opinión pública. La reforma contempla la posibilidad de reducir penas mediante preacuerdos para violadores de menores, lo que ha generado un rechazo generalizado. La idea de otorgar beneficios judiciales a quienes cometen crímenes tan graves como el que le arrebató la vida a Sofía es vista como una afrenta a las víctimas y a la sociedad.
¿Cómo es posible que una pequeña tan indefensa haya sido objeto de tal atrocidad? Las investigaciones aún continúan, pero lo que ya es claro es que Sofía es una víctima más de una cadena de violencia que parece interminable en nuestro país.
El caso de Sofía ha despertado una furia colectiva, no solo por la brutalidad del acto, sino por el contexto en el que se produce. En medio de la conmoción, el país se enfrenta al debate de una propuesta de reforma a la justicia impulsada por el Gobierno Petro. Esta iniciativa ha generado indignación en varios sectores de la sociedad, pues plantea, entre otros aspectos, otorgar beneficios judiciales a violadores de niños y niñas mediante figuras como los preacuerdos y la reducción de penas. Se trata de una reforma que, de aprobarse, abriría la puerta para que los perpetradores de crímenes tan atroces como el de Sofía puedan negociar reducciones de condena, una idea que ha sido ampliamente rechazada tanto por la ciudadanía como por varios líderes políticos.
La reacción no se ha hecho esperar. Líderes de todo el espectro político, organizaciones de derechos humanos y, sobre todo, la ciudadanía, han expresado su oposición a esta propuesta. ¿Cómo es posible que en un país donde las cifras de violencia sexual contra menores continúan en aumento, se esté siquiera considerando otorgar beneficios a quienes cometen estos delitos? Colombia registró más de 23,000 casos de abuso sexual en 2023, una cifra alarmante que no muestra señales de disminuir en 2024. En el Cauca y Popayán, el panorama es igualmente desalentador. Los crímenes sexuales siguen siendo una plaga en nuestra sociedad, y la impunidad prevalece en más del 90% de los casos. Este es un sistema que, en lugar de proteger a los más vulnerables, parece hacerles una doble victimización al no garantizarles justicia.
Las cifras de impunidad, la falta de protección y las constantes reformas que no atacan de fondo el problema solo nos dejan una sensación de frustración. La impotencia de saber que, en muchos casos, los crímenes contra los niños quedan en la sombra, mientras que las víctimas, como Sofía, nunca tendrán la oportunidad de ver que se haga justicia. Y ante esta sensación de injusticia, surge una necesidad urgente de cuestionarnos, como sociedad, sobre el rumbo que estamos tomando.
Cada cifra que aumenta, cada caso que se suma, nos grita la urgencia de un cambio. No podemos, no debemos permitir que propuestas como las que ahora se debaten en el Congreso prosperen. Sabemos que como ciudadanos tenemos el poder de influir en el curso de estas decisiones, de exigir a nuestros representantes que actúen con responsabilidad y compromiso. Tal vez, sin expresarlo explícitamente, todos podemos llegar a la misma conclusión: Sofía no puede ser solo un nombre más en una lista de víctimas. Ella debe ser el impulso para un cambio real, profundo y duradero.
En la memoria de Sofía y de tantas otras víctimas, está la responsabilidad de buscar, de manera inquebrantable, una justicia que sea verdaderamente para todos.
