Una cooperativa que dejó de existir legalmente en 1995, aparentemente, sigue ocupando y explotando terrenos municipales en Popayán, mientras las autoridades locales no toman acciones para recuperar estos bienes. La comunidad denuncia años de negligencia y complicidad.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
En el corazón del barrio María Occidente, ubicado entre las calles 2 y carreras 41 y 42 de Popayán, se esconde una historia de irregularidades, abandono administrativo y aprovechamiento privado de bienes públicos. Lo que alguna vez fueron terrenos donados al municipio con la noble intención de beneficiar a la comunidad, hoy están bajo el control de una cooperativa que, presuntamente, los explota con fines particulares, despojando a los ciudadanos de un recurso que debería servir a todos. La indignación crece entre los vecinos, quienes, cansados de la inacción de las autoridades, hablaron con esta casa periodística para denunciar públicamente lo que consideran es un atropello.
El origen de la cesión: promesas rotas a la comunidad.
En 1986, el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE) cedió al municipio de Popayán unos predios con la finalidad de destinarlos a la creación de una zona comercial que promoviera el desarrollo económico del barrio María Occidente. Estos terrenos, identificados con las matrículas inmobiliarias 120-59840 y 120-59845, fueron entregados bajo la premisa de beneficiar a la comunidad local, permitiendo que los ciudadanos tuvieran acceso a un espacio donde desarrollar actividades económicas al aire libre.
Con el paso del tiempo, la cooperativa COOPIMAO, nacida en 1984 con fines sociales para combatir el hambre y promover la seguridad alimentaria en el barrio, recibió estos terrenos en comodato, consolidando un proyecto comunitario que inicialmente parecía exitoso. La cooperativa, con apoyo de organismos internacionales como la Inter-American Foundation (IAF), logró construir un auditorio comunitario, financiado con una donación de 23 millones de pesos de la época, que fue destinado a actividades sociales y económicas.
Sin embargo, lo que empezó como un noble esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de los vecinos, pronto se desmoronó. Los problemas internos en COOPIMAO, sumados a una gestión deficiente, llevaron a la desaparición de la cooperativa en 1995. Desde ese momento, los terrenos y las edificaciones quedaron abandonados a su suerte.
Una ocupación presuntamente irregular bajo la mirada indiferente del municipio.
Cuando la cooperativa dejó de existir, la comunidad tomó temporalmente el control de las edificaciones hasta que, al parecer, unas personas que conocían de la situación del predio y la existencia del comodato, lograron conformar una nueva cooperativa con la misma razón social, COOPIMAO. Y, con ocasión a ello, volvió a ocupar los terrenos bajo la excusa de un comodato que debió haber terminado al extinguirse la cooperativa inicial. Hoy, luego de diez años, los predios no se han recuperado para el Municipio.
Desde 2014, la situación se ha vuelto aún más confusa y preocupante. En ese año, COOPIMAO reactivó su personería jurídica de una manera que la comunidad califica de “dudosa”. Según investigaciones de la Junta de Acción Comunal (JAC), esta “reactivación de la personería” les permitió, una vez más, reclamar derechos sobre los terrenos. Bajo esta nueva forma jurídica, la cooperativa no sólo tomó posesión de los bienes, sino que habría comenzado a alquilar los salones comunales y, presuntamente, se habrían apropiado de los ingresos generados por estos espacios. Situación que, aún hoy, continúa con el conocimiento y la pasividad de la Alcaldía de Popayán.
La falta de acciones concretas y la complicidad administrativa
A lo largo de estos años, han sido múltiples las comunicaciones entre la comunidad y la Administración Municipal, denunciando la situación irregular. En 2015, la Secretaría General del municipio emitió las primeras solicitudes formales para que COOPIMAO desalojara los bienes, pero la cooperativa respondió de manera arrogante, reafirmando sus derechos sobre un comodato que, por las circunstancias ya mencionadas, debería haber terminado. Desde entonces, las solicitudes municipales no han tenido ningún efecto. La comunidad ha denunciado la situación ante la Personería Municipal y otros entes de control, pero la falta de acciones concretas ha sido evidente.
Documentos oficiales del municipio, a los que este medio ha tenido acceso, confirman que, en varias ocasiones, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio de Popayán ha reconocido que COOPIMAO está incumpliendo sus obligaciones y que su ocupación sería presuntamente ilegal. Sin embargo, a pesar de contar con todos los elementos para iniciar el proceso de restitución de los bienes, las autoridades han sido incapaces de avanzar en ello. En junio de 2024, la Oficina Jurídica del Municipio le habría manifestado a la comunidad no contar con un abogado asignado para elaborar la demanda de restitución, dejando en evidencia la desidia administrativa.
El impacto en la comunidad: un espacio que ya no es de todos
Mientras las autoridades se lavan las manos, la comunidad de María Occidente ha visto cómo sus espacios destinados al desarrollo social y económico habrían sido transformados en negocios particulares. El auditorio comunitario, que alguna vez fue el orgullo del barrio, hoy, presuntamente, es alquilado a privados, lo cual, estaría generando ingresos que no benefician a la comunidad. Los salones comunales, construidos con esfuerzo y dedicación, estarían, ahora, al servicio de unos pocos, mientras los vecinos observan impotentes cómo los recursos que deberían estar a su disposición son explotados con fines de lucro.
Para muchos, esta situación no es más que una muestra de la profunda desconexión entre la Administración Municipal y las necesidades reales de la población. “Es inaceptable que, después de tantos años de lucha, el municipio siga permitiendo esta injusticia. Estos terrenos son de todos, y deberían estar al servicio de la comunidad, no de unos pocos que se aprovechan de la inacción del gobierno local”, comenta uno de los líderes comunitarios, quien ha solicitado mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
Una década de silencio: ¿Quién protege a COOPIMAO?
La pregunta que todos en Popayán se hacen es: ¿quién protege a COOPIMAO? ¿Cómo es posible que, durante más de diez años, una cooperativa que dejó de existir legalmente en 1995 siga ocupando y explotando bienes municipales? ¿Por qué la Administración Municipal, con pleno conocimiento de la situación, no ha tomado las acciones necesarias para recuperar estos terrenos?
Las respuestas a estas preguntas son escasas, y lo único claro es que, hasta la fecha, no hay voluntad política para resolver este conflicto. Mientras tanto, la comunidad sigue esperando justicia, cansada de la burocracia y de la negligencia de sus representantes. La falta de interés por parte de las autoridades locales no solo ha permitido la ocupación ilegal de bienes públicos, sino que también ha generado un profundo sentimiento de desconfianza en las instituciones.
La comunidad de María Occidente ha dejado claro que no se quedará de brazos cruzados. A través de cartas, solicitudes y denuncias formales, han exigido a las autoridades municipales y a los entes de control que tomen acciones inmediatas para recuperar los bienes. En la última reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del municipio, celebrada en junio de 2024, se reafirmó la necesidad de iniciar el proceso de restitución, pero, hasta el momento, las palabras no se han traducido en hechos.
Los vecinos están decididos a llevar este caso a las más altas instancias, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, si es necesario. La indignación crece a medida que pasan los años y la situación sigue sin resolverse. “No estamos pidiendo nada extraordinario, solo que se cumpla la ley y que los bienes del municipio sean devueltos a la comunidad. Es nuestro derecho”, señala otro líder comunitario.
Este es un llamado de atención a las autoridades locales: es hora de actuar. No se puede seguir permitiendo que bienes públicos sean explotados de manera irregular, mientras la comunidad, la verdadera dueña de estos terrenos, sigue esperando justicia.
Al consultar con la jefe de la Oficina Jurídica del Municipio de Popayán, la doctora Ana Prado, señaló: “Ese asunto en particular tiene una solicitud de conciliación previa a demanda y comité para una acción, por ello no debo dar más información.”
