Durante años se creyó que aumentar la participación femenina en el poder era una fórmula para reducir la corrupción. Un análisis de más de 1.000 escándalos en Colombia concluye que el problema no está en el género, sino en quiénes ocupan las redes donde se concentra el poder.
Por: Lina Cuitiva / cambiocolombia.com/pais
En 1999, un estudio de dos economistas del Banco Mundial pareció encontrar una fórmula sencilla para combatir la corrupción en los gobiernos: aumentar la participación de las mujeres en el sector público. La idea tuvo tanto impacto que durante años alimentó discursos políticos y políticas públicas en todo el mundo. Sin embargo, más de dos décadas después, dos investigadoras colombianas y un mexicano reunieron evidencia científica que cuenta otra historia.
No porque las mujeres sean igual o más corruptas que los hombres, sino porque la corrupción nunca fue un asunto de naturaleza femenina o masculina. Es, sobre todo, un fenómeno atravesado por el acceso al poder.
Esa es una de las principales conclusiones de una investigación realizada por Giovanna Rodríguez (docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga), Elizabeth Mesa (física de la Universidad Nacional) y José R. Nicolás-Carlock (investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México). Ellos analizaron más de mil casos de corrupción de las últimas tres décadas utilizando una herramienta poco habitual en este tipo de estudios: la ciencia de redes.
Las redes de corrupción no son un universo aparte: reproducen las mismas jerarquías, exclusiones y concentraciones de poder que atraviesan la política, las instituciones y las empresas.
“No es que las mujeres tengamos mejores valores o que seamos más honestas, sino que tiene que ver con otra parte, otra explicación y es que las mujeres tenemos menos acceso a las redes de poder”, le explicó Rodríguez a CAMBIO.
Los investigadores tuvieron en cuenta en total 1.080 escándalos que ocuparon buena parte de los titulares de prensa en los últimos 30 años en Colombia y estudiaron la incidencia en ellos de 4.168 personas involucradas, entre políticos, miembros de la fuerza pública, funcionarios, congresistas, concejales e integrantes de organizaciones criminales vinculados por la justicia a casos de corrupción.
Entre los expedientes analizados figuran algunos de los mayores escándalos del país, como Odebrecht, el carrusel de la contratación en Bogotá, la parapolítica y múltiples casos de nombramientos irregulares, contratos amañados en alcaldías y gobernaciones, así como investigaciones por empresas fantasma, entre otros muchos más.
La corrupción y la democracia en Colombia
Cada persona involucrada fue representada como un nodo y se estableció un vínculo entre dos actores cuando ambos participaron en un mismo caso de corrupción. Ese ejercicio permitió reconstruir cómo se conectan miles de personas entre distintos escándalos y observar que la corrupción no solo funciona como una suma de hechos aislados, sino como un entramado de relaciones que, en algunos casos, se mantiene durante años gracias a políticos y funcionarios que aparecen de manera reiterada en distintos expedientes judiciales.
Las mujeres siguen en la periferia del poder, ¿y de la corrupción?
Justamente al analizar esa estructura, apareció el principal hallazgo del estudio. Las mujeres representan el 18 por ciento de los involucrados identificados en las redes de corrupción identificadas de 1995 a 2022, frente a más del 80 por ciento de actores hombres. Sin embargo, la diferencia no es únicamente cuantitativa. También ocupan posiciones menos centrales dentro de esas redes y tienen una presencia mucho menor en los niveles de mayor poder y capacidad de decisión.
Mujeres y corrupción
La mayor concentración de mujeres (38 por ciento) la encontraron en miembros de fundaciones o empresas privadas, también denominadas del tercer sector y en servidoras públicas; y la menor participación de mujeres en miembros de la fuerza pública, el conjunto de instituciones con una presencia muy baja de mujeres en los cargos poderosos.
Los datos también permitieron medir la reincidencia. Del universo de personas involucradas hay 213 individuos que aparecen en más de un caso por corrupción. Entre ellos, 185 (87 por ciento) son hombres y 28 (13 por ciento) son mujeres. Estos patrones coinciden con estudios previos de redes de corrupción en Brasil y España, donde las mujeres también representan una minoría de los actores: aproximadamente 10 por ciento en Brasil y 20 por ciento en España.
En análisis de las redes de corrupción, se estableció que el 70 por ciento de los vínculos son hombre-hombre, el 26 por ciento son hombre-mujer y solo el 4 por ciento son mujer-mujer.
El cotejo de datos logró construir una escala de poder para clasificar a los actores según su capacidad de decisión y manejo de recursos. Los tres autores del estudio esperaban encontrar una distribución similar a la participación femenina en el Congreso, por ejemplo, pero no fue así. Esa participación pasó de 10 por ciento en 1994 a más de 28 por ciento en 2022.
“En la mayoría de niveles la participación era parecida, excepto en el nivel de mayor poder. Allí el porcentaje de mujeres era considerablemente menor. Eso nos muestra que las mujeres no solo tienen menos acceso a cargos políticos, sino también, de alguna manera, a los espacios donde realmente se concentra el poder y el manejo de los recursos millonarios”.
La diferencia es aún más marcada entre quienes ocupan cargos políticos y públicos. Mientras casi una de cada dos mujeres involucradas en casos de corrupción aparece en niveles intermedios de acceso al poder (48,5 por ciento), uno de cada cuatro hombres (25,6 por ciento) alcanza la categoría más alta de la escala y donde se suele mover mayor cantidad de dinero público, frente a apenas el 14,5 por ciento de las mujeres.
El estudio también permitió validar la idea de que ni las redes de corrupción escapan a las desigualdades de género: al igual que ocurre en la política o en las empresas, los espacios donde se concentra el poder siguen estando dominados por los hombres.
Un estereotipo más
Uno de los aportes más interesantes del estudio es que cuestiona una idea que suele asumirse como positiva: que las mujeres son, por naturaleza, más honestas. Para Rodríguez, esa creencia también parte de un estereotipo de género.
“Es ponernos un estigma de puritanismo. Es asumir que las mujeres tenemos que comportarnos de determinada manera. También es una manera de ver los roles de género”, afirmó.
Rodríguez, que ha investigado ampliamente la relación del género con la corrupción, destaca que la evidencia disponible confirma un doble estándar para juzgar moral y socialmente a las mujeres acusadas de cometer actos corruptos. “Pueden recibir un castigo social más severo precisamente porque se espera de ellas un comportamiento moral superior. Al mismo tiempo, otras investigaciones han encontrado que muchas personas tienden a creer con mayor facilidad en su inocencia, justamente porque persiste el imaginario de que las mujeres ‘no hacen esas cosas'”.
Más mujeres no es una política anticorrupción
Los hallazgos tampoco implican que promover una mayor participación de las mujeres en el Estado sea irrelevante. Rodríguez explica que, aunque la evidencia disponible no respalda la idea de que las mujeres sean menos corruptas que los hombres, sí muestra que, una vez ocupan cargos de decisión, suelen promover con mayor frecuencia políticas enfocadas en la transparencia, la integridad y la protección de los recursos públicos.
Al final, el estudio dice menos sobre las mujeres que sobre la forma en que funciona el poder en Colombia. Las redes de corrupción no son un universo aparte: reproducen las mismas jerarquías, exclusiones y concentraciones de poder que atraviesan la política, las instituciones y las empresas. En ese sentido, comprender cómo se distribuye el poder puede ser tan importante para combatir la corrupción como perseguir los delitos que esta produce.
