Ante el inminente fin del Ministerio de la Igualdad por mandato de la Corte Constitucional y la falta de un aval legislativo en el Congreso, el Ejecutivo emitió una directiva presidencial para reubicar sus funciones y planes sociales en otras dependencias.
El Gobierno colombiano ha puesto en marcha un plan de contingencia y reorganización institucional para hacer frente a la desaparición definitiva del Ministerio de la Igualdad y Equidad. Tras el fallo de la Corte Constitucional (Sentencia C-161 de 2024), que declaró inexequible la ley de creación de dicha cartera por vicios de procedimiento, y ante el cierre del periodo ordinario del Congreso el pasado 20 de junio sin avances legislativos para salvarla, el Ejecutivo descartó solicitar una prórroga judicial y optó por organizar una transición inmediata.
A través de una directiva presidencial, la administración del presidente Gustavo Petro ordenó a los ministerios y departamentos administrativos afectados reubicar las funciones, competencias y planes sociales de la cartera suprimida. Con un plazo que venció el 17 de junio para la presentación de los actos administrativos correspondientes, el objetivo central de la Casa de Nariño es prevenir cualquier tipo de interrupción en la protección y asistencia a poblaciones vulnerables como mujeres, juventudes, personas LGBTIQ+, campesinos y pueblos étnicos.
Así será la redistribución de los programas sociales
La estrategia busca evitar retrocesos y garantizar la atención continua a mujeres, jóvenes, comunidades étnicas y sectores históricamente excluidos.
Para garantizar que las políticas destinadas a los sectores marginados no sufran parálisis, el diseño de la estrategia gubernamental establece un reparto de responsabilidades entre múltiples carteras existentes. Entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) asumirán la ejecución de los programas que venían operando bajo el liderazgo de la vicepresidenta Francia Márquez.
Asimismo, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) se encargará de emitir los pronunciamientos técnicos sobre la organización administrativa, el empleo público y la simplificación de trámites necesarios para la absorción de estas competencias. El enfoque del Gobierno prioriza metas esenciales asociadas a la economía propia, el género, la diversidad y la ruralidad, alineando los programas reubicados con el Plan Nacional de Desarrollo.
Protección laboral y mitigación de riesgos fiscales
Uno de los ejes transversales de la directiva presidencial es blindar los derechos de los funcionarios públicos vinculados a la cartera en disolución. Para ello, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado prestará asesoría legal especializada con el fin de identificar y mitigar los riesgos de litigio asociados al proceso de transición y prevenir el daño antijurídico. Con esto se busca evitar demandas administrativas, reubicaciones forzosas o costosas indemnizaciones que impacten las finanzas estatales. El DAFP guiará la reubicación de los puestos de trabajo bajo el estricto respeto a la legalidad laboral.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público evaluará de cerca la viabilidad fiscal y presupuestal de cada medida adoptada. En un contexto de fuerte restricción económica, el reto del Ejecutivo será doble: sostener financieramente los programas sociales en las nuevas dependencias sin desfinanciar otros derechos consolidados, mientras que el DNP vigilará la coherencia técnica de las transferencias. Aunque la desaparición del Ministerio de la Igualdad representa un revés político y administrativo para el programa de gobierno, el Ejecutivo enfatiza que el acceso a los derechos fundamentales de las poblaciones vulnerables no dará un paso atrás durante este proceso de transición estructural.
