El Consejo Directivo de la Institución Educativa Etnoeducativo Puerto Saija y el Consejo Comunitario de la Parte Baja del Río Saija decretaron un paro indefinido a partir del 6 de junio. Exigen el nombramiento definitivo y en planta de los docentes, el rector y la coordinación, rechazando la continuidad de la contratación temporal que vulnera la estabilidad escolar de la región.
Una profunda crisis administrativa y educativa mantiene paralizadas las actividades escolares en la costa pacífica del departamento del Cauca. Los miembros del Consejo Directivo de la Institución Educativa Etnoeducativo Puerto Saija, en una acción conjunta con el representante legal del Consejo Comunitario de la Parte Baja del Río Saija, formalizaron un cese indefinido de actividades académicas tras el vencimiento de los contratos temporales de su personal docente.
La drástica medida responde a lo que consideran un abandono sistemático y un flagrante incumplimiento de los compromisos previamente adquiridos por la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca.
A través de un contundente pronunciamiento oficial dirigido a la cartera educativa departamental en Popayán, las autoridades étnicas y escolares manifestaron su profundo rechazo a la intermitencia en el servicio de educación que viene sufriendo la población estudiantil debido a los modelos precarios de contratación. Según explican los firmantes en la misiva, la comunidad ha librado una batalla jurídica y social de largo aliento con el propósito de revertir la inestabilidad de su planta de personal y asegurar que los maestros sean vinculados de forma definitiva o mediante la figura de nombramiento provisional, garantizando la continuidad pedagógica en este territorio afrodescendiente.
La drástica medida responde a lo que consideran un abandono sistemático y un flagrante incumplimiento de los compromisos previamente adquiridos por la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca.
Promesas rotas y cronogramas fallidos
La tensión en el Río Saija escaló tras constatarse el fracaso de los espacios de concertación interinstitucional. De acuerdo con el documento emitido por el Consejo Directivo, ambas partes habían acordado previamente una serie de cronogramas detallados y acciones administrativas concretas orientadas a regularizar la situación laboral de los educadores. Sin embargo, los líderes comunitarios denunciaron que muchas de estas tareas prioritarias fueron dejadas de lado o postergadas unilateralmente por los funcionarios de la entidad nominadora departamental.
El punto de quiebre definitivo se originó a partir de una de las últimas resoluciones concertadas, en la cual se determinó de manera explícita que la modalidad de contratación de prestación de servicios u órdenes temporales solo se extendería hasta los primeros días de junio de este año. El pacto estipulaba que, una vez finalizado este periodo de transición, la Secretaría de Educación procedería a formalizar los nombramientos de planta para el personal docente, técnico y directivo. No obstante, al acercarse la fecha límite del sábado 6 de junio, la comunidad constató con indignación que la administración no había tramitado ninguna de las soluciones definitivas acordadas.
Una postura radical en defensa del derecho territorial
Frente al vencimiento de los plazos y la ausencia de respuestas institucionales tangibles, las directivas del plantel y las autoridades del Consejo Comunitario advirtieron que no les quedaba otra alternativa que recurrir a las vías de hecho legítimas para salvaguardar el derecho a la educación digna y culturalmente adecuada de sus menores. “Rechazamos el hecho de que a la fecha no se ha definido y finiquitado el proceso de nombramiento de los docentes de la institución como se ha acordado, al igual que el rector y la coordinación”, reza el texto que ya circula en los despachos del Gobierno del Cauca.
La posición de la comunidad es intransigente: no se permitirá que el sistema escolar funcione bajo el modelo de la improvisación. Las autoridades étnicas ratificaron que la comunidad educativa de Puerto Saija no aceptará prórrogas a los esquemas contractuales obsoletos, ni permitirá el ingreso de nuevos maestros a la zona si estos no llegan portando su debido nombramiento de planta. La suspensión de actividades se mantendrá inalterable hasta que el secretario de educación departamental firme y formalice los documentos legales requeridos.
Vigilancia nacional ante la vulneración de derechos
Conscientes del impacto social y la gravedad de la vulneración al derecho fundamental a la educación en el Pacífico caucano, el Consejo Comunitario y el Consejo Directivo remitieron copias de este ultimátum a las más altas esferas de control del Estado. Entre los entes notificados se encuentran el Ministerio de Educación Nacional, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, a quienes solicitan una intervención urgente ante la negligencia administrativa.
Asimismo, el caso fue puesto en conocimiento de la Asamblea Departamental del Cauca y del Vicariato Apostólico de Guapi, institución eclesiástica que históricamente ha acompañado los procesos de defensa de los derechos humanos y el desarrollo comunitario en la región. Mientras tanto, cientos de niños y jóvenes de Puerto Saija permanecen fuera de las aulas de clase, a la espera de una respuesta inmediata por parte de la Secretaría de Educación que destrabe el conflicto y dignifique la labor de sus maestros.
