Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
En Colombia, el derecho fundamental a morir dignamente ha sido reconocido por la Corte Constitucional desde hace décadas. Sin embargo, su desarrollo normativo ha quedado relegado a sentencias judiciales, resoluciones administrativas y esfuerzos aislados que, aunque valiosos, no suplen la necesidad de un marco legal completo, estable y coherente que surja del Congreso de la República. Esta deuda no es técnica ni jurídica, es humana. Porque mientras se aplaza, son miles los pacientes que enfrentan barreras innecesarias para acceder a cuidados paliativos y, en los casos más extremos, a la eutanasia.
La Ley Consuelo Davis Saavedra, fue un avance importante para garantizar el acceso a los cuidados paliativos, pero no basta. Hoy, muchas personas que viven con enfermedades crónicas o terminales siguen enfrentando dificultades para recibir atención adecuada, alivio del dolor y acompañamiento integral. Existen vacíos sobre la autonomía de los pacientes, el alcance de los servicios cubiertos por el sistema de salud y la forma en que se garantiza el acceso oportuno y sin discriminación a estos servicios.
Esas barreras se agravan aún más en los casos de quienes, luego de años de tratamientos infructuosos, desean ejercer su derecho a una muerte digna mediante la eutanasia. La Corte Constitucional ha reiterado que se trata de un derecho fundamental, ha fijado criterios y límites, y ha exhortado en múltiples ocasiones al Congreso para que legisle al respecto. Pero hasta hoy, ese llamado ha sido desoído. El proyecto de ley estatutaria que busca regular este derecho sigue empantanado en discusiones inconclusas, e incluso ha sido víctima del ausentismo legislativo, como ocurrió recientemente cuando no hubo quórum para votar los primeros artículos.
Esto no solo tiene consecuencias jurídicas: tiene consecuencias reales. Familias enteras se ven forzadas a recorrer caminos tortuosos ante un sistema de salud que, al no contar con reglas claras, les pone trabas administrativas, demoras médicas y dudas éticas. En algunos casos, la voluntad del paciente es cuestionada, en otros, su dolor es prolongado innecesariamente mientras se busca cumplir con requisitos que varían entre regiones y entidades.
Colombia necesita una ley que refleje la dignidad de quienes viven y mueren en condiciones complejas. Una ley que no parta del prejuicio ni de la imposición de creencias particulares, sino del compromiso con los derechos, la autonomía y la compasión. Una ley que fortalezca el acceso a cuidados paliativos y, al mismo tiempo, dé certeza a los pacientes y a los profesionales de la salud sobre cuándo y cómo se puede acceder, sin ambigüedades ni obstáculos, al derecho a morir dignamente.
El Congreso está en mora. Pero aún puede cumplir. Una ley de la República, construida desde el diálogo amplio y el respeto por la diferencia, podría convertirse en el mayor alivio para quienes hoy, en medio del dolor, esperan respuestas claras de un Estado que debe estar a la altura del sufrimiento humano. Porque no se trata solo de morir con dignidad, sino también de vivir con alivio, con consuelo y con libertad.
