Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
La reciente discusión entre el presidente Gustavo Petro y la empresa Audifarma no es un simple desencuentro entre el Estado y un operador del sistema de salud. Es la manifestación más visible de una crisis más profunda: la desfinanciación crónica del sistema, la desarticulación institucional y la falta de una política clara para resolver las dificultades logísticas que afectan directamente a los pacientes.
Todo comenzó con una afirmación del presidente en la que señaló que “Audifarma no entrega los medicamentos”, sugiriendo que la empresa era responsable de los retrasos en la atención. La respuesta de Audifarma no se hizo esperar. Aclaró que no ha dejado de entregar medicamentos y que, por el contrario, enfrenta obstáculos derivados de la intervención de EPS como Sanitas y Nueva EPS: listados incompletos de pacientes, fallas en las autorizaciones, ausencia de fórmulas médicas, e incluso falta de pago por parte de las instituciones intervenidas. A esto se suma un entorno hostil propiciado por operativos de la Superintendencia de Salud, más cercanos al espectáculo que a una acción correctiva efectiva.
Pero esta polémica no se puede entender sin considerar el contexto estructural. Esta semana, la Corte Constitucional anunció que examinará un incidente de incumplimiento por parte del Gobierno Nacional, relacionado con la fórmula de actualización de los recursos del sistema, que por ley debe mantenerse al menos en el nivel del IPC. La posible omisión en el cumplimiento de esta obligación financiera agrava aún más la situación de las EPS, IPS y operadores logísticos, cuya sostenibilidad depende del flujo regular de recursos públicos.
La salud de los colombianos no puede ser rehén de una confrontación política ni de fallas administrativas. Si hay operadores que no están cumpliendo, que se investigue y sancione conforme a la ley. Pero si lo que hay son dificultades logísticas derivadas de una transición institucional mal planeada y peor ejecutada, el Estado tiene la obligación de actuar con eficiencia, sin crear más caos ni desgastar la confianza de los ciudadanos.
Los pacientes no pueden seguir esperando. Mientras se intercambian señalamientos y comunicados, miles de personas necesitan tratamientos oncológicos, medicamentos para enfermedades crónicas o insumos vitales. Y no es solo un problema de una empresa ni de una EPS; es el síntoma de una estructura que necesita reformas serias, concertadas y sostenibles.
La Superintendencia de Salud no puede actuar como una cámara de televisión. Su rol es técnico, regulador, y debe centrarse en resolver los cuellos de botella, no en alimentar la polarización. El presidente de la República, por su parte, tiene la legitimidad del voto popular, pero eso no lo exonera de la responsabilidad de garantizar la estabilidad financiera y operativa del sistema que gobierna.
La discusión pública no puede seguir girando en torno a quién tiene la culpa, sino a cómo se resuelven los problemas. Porque mientras tanto, la salud de millones sigue en vilo. Y eso, ni el espectáculo ni la dilación lo van a remediar.
