Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal
Las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 deberían representar una medición de fuerzas entre proyectos políticos y visiones de país. Sin embargo, la realidad apunta a algo mucho más preocupante: lo que se avecina es una contienda desigual entre la institucionalidad democrática y los gobiernos de facto que, a fuerza de violencia, han sustituido la deliberación política por la imposición de los fusiles.
En otros tiempos, la discusión por estas fechas giraba en torno a las estrategias de los partidos, los nombres de quienes se perfilaban como los nuevos líderes del Congreso y las posibilidades de relevo generacional dentro de las colectividades. Hoy, la pregunta que más resuena entre los interesados en aspirar no es si tienen un programa sólido o una maquinaria electoral fuerte, sino si podrán hacer campaña sin perder la vida. El solo hecho de que esta pregunta sea legítima debería sacudir a toda la sociedad, pero en el Cauca de hoy, donde la violencia se ha vuelto el lenguaje de quienes detentan el poder por la fuerza, esta inquietud se asume con una resignación que es, en sí misma, alarmante.
La democracia, en su forma más elemental, supone que los ciudadanos pueden elegir libremente entre diversas opciones políticas, sin miedo ni coacción. Pero en varias regiones del país, particularmente en el Cauca, esa libertad está cada vez más limitada por actores armados que han logrado instaurar una suerte de régimen paralelo. Allí no se compite por el favor de los votantes con ideas, propuestas o trayectorias, sino con la capacidad operativa de garantizar seguridad personal y con el respaldo de estructuras clientelares que, en muchos casos, están permeadas por la misma lógica de la intimidación.
La deserción de buenos liderazgos en el ámbito legislativo es el síntoma más evidente de que la democracia se está reduciendo a un cascarón vacío en ciertas zonas del país. ¿Quién querría arriesgar su vida para intentar representar a una ciudadanía que, en muchos casos, no tiene la posibilidad de votar libremente? El problema no es solo la ausencia de garantías para hacer campaña, sino que el electorado mismo está sometido a una ecuación de miedo e imposición, donde la opción de elegir ha sido reemplazada por la de acatar.
Este escenario es una afrenta no solo a los partidos y a los candidatos, sino a toda la sociedad que cree en la democracia como única vía legítima para la construcción de país. No es una preocupación menor ni una crisis pasajera: lo que está en juego en el 2026 no es simplemente el equilibrio de fuerzas entre sectores políticos, sino la viabilidad misma de un sistema que, sin competencia real y sin libertad para participar, deja de ser democracia.
El tiempo para evitar este desenlace se agota. Si la institucionalidad no se blinda y actúa con contundencia para recuperar el control territorial y garantizar condiciones mínimas de seguridad para la contienda electoral, estaremos presenciando el ocaso de la política como la entendemos, y con ella, el avance de la imposición sobre la decisión, de la intimidación sobre la participación, de los fusiles sobre las ideas.
