Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal
El anuncio del presidente Gustavo Petro de declarar el 18 de marzo como día cívico no es un simple gesto de respaldo a la participación ciudadana. Es, más bien, una estrategia calculada para generar confrontación entre trabajadores y empleadores, atizando un discurso que no busca consensos, sino divisiones. Se trata de una maniobra que no solo politiza el calendario laboral, sino que, además, instrumentaliza el aparato estatal para favorecer una narrativa de lucha entre clases, mientras los problemas reales del país siguen sin resolverse.
La declaratoria de día cívico no es una medida neutral. Se ha hecho sin un sustento claro, sin un decreto oficial y con la intención de presionar a los empleadores a liberar a sus trabajadores para participar en la movilización convocada por el propio gobierno. Con ello, Petro busca instalar en la opinión pública la idea de que aquellos que no se sumen a su convocatoria estarían negándole un derecho a los trabajadores. Es un juego de manipulación política donde el gobierno se arroga la representación única de los intereses laborales, cuando en la práctica, ha demostrado su incapacidad para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Lo más grave de esta estrategia no es solo la polarización que fomenta, sino la forma en que el gobierno la utiliza para desviar la atención de los problemas que verdaderamente afectan a los colombianos. Mientras Petro convoca a las calles, el país se hunde en escándalos de corrupción que salpican a funcionarios de su gobierno, en la ineficiencia de la gestión pública y en la falta de soluciones concretas a los problemas estructurales de la economía. El discurso de lucha de clases es una cortina de humo conveniente para eludir su responsabilidad en el desgobierno que caracteriza su administración.
La promesa de un cambio en la cultura política que tanto pregonó durante su campaña se ha convertido en un eco vacío. La declaratoria de un día cívico sin sustento legal es una muestra de la improvisación y la falta de respeto por las formas democráticas que este gobierno ha venido normalizando. Si el propósito real de Petro fuera garantizar la participación política de los ciudadanos, convocaría al diálogo y al consenso en lugar de imponer medidas que ponen en tensión a los diferentes sectores de la economía. El problema es que al presidente el único diálogo que le interesa es el que le da la razón.
El 18 de marzo será, una vez más, un reflejo de cómo el gobierno usa la institucionalidad para dividir, en lugar de construir. No se trata de un día cívico para que los colombianos decidan libremente su postura sobre las reformas, sino de un intento de presionar a la opinión pública y de generar un enemigo ficticio en los empleadores, mientras el gobierno sigue sin ofrecer soluciones reales. Y detrás de todo este escenario, la corrupción, la ineficiencia y la improvisación siguen marcando el rumbo del país.
