Dos explosiones se registraron en las inmediaciones de la carceleta Laura Valencia en Popayán durante la noche del 19 de febrero, generando alarma entre los residentes y daños materiales en la zona.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
El miércoles 19 de febrero de 2025, alrededor de las 10:00 p.m., la tranquilidad del barrio Modelo en Popayán se vio interrumpida por dos fuertes detonaciones. Los artefactos explosivos improvisados fueron activados en la parte posterior de la carceleta Laura Valencia, un centro de reclusión ubicado en la carrera 9ª con calle 4ª, en pleno centro histórico de la ciudad. Aunque no se reportaron víctimas, las explosiones causaron daños materiales en más de veinte viviendas y locales comerciales cercanos, afectando ventanales y cubiertas de las estructuras.
El coronel John Fredy Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, confirmó que se trató de artefactos explosivos improvisados y que, afortunadamente, no hubo personas lesionadas. Las autoridades locales, incluyendo bomberos y servicios de ambulancia, acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia y evaluar los daños.
Este incidente se produce en un contexto de creciente tensión en la región, coincidiendo con fechas que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) considera significativas. Históricamente, el ELN ha llevado a cabo acciones armadas durante sus conmemoraciones, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y la población civil. Aunque hasta el momento ninguna organización se ha atribuido la autoría de las explosiones en Popayán, la coincidencia temporal ha suscitado especulaciones sobre una posible relación con las actividades del ELN.
En otras regiones del país, como el departamento del Chocó, el ELN ha declarado recientemente un “paro armado” de tres días, restringiendo la movilidad de los civiles y afectando las actividades comerciales. Este tipo de acciones suelen ir acompañadas de ataques a la infraestructura y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, lo que incrementa la sensación de inseguridad en las zonas afectadas.
La comunidad de Popayán ha manifestado su preocupación ante estos hechos. Residentes del barrio Modelo expresaron su temor por la seguridad en la zona y solicitaron mayor presencia de las autoridades para prevenir futuros incidentes. Por su parte, la Alcaldía de Popayán emitió un comunicado rechazando enérgicamente el ataque y reafirmando su compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. “Desde la Alcaldía de Popayán, rechazamos de manera contundente los hechos ocurridos en la carceleta Laura Valencia, ubicada en el centro de nuestra ciudad. Trabajaremos de la mano con las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido y garantizar la tranquilidad de nuestros habitantes“, se lee en el comunicado oficial.
Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables y determinar si existe una conexión directa con las actividades del ELN o con otros grupos armados que operan en la región. Mientras tanto, se ha reforzado la seguridad en puntos estratégicos de la ciudad para prevenir nuevos actos violentos.
Este suceso se suma a una serie de eventos violentos que han tenido lugar en Popayán en las últimas semanas. El pasado 3 de febrero, un individuo lanzó una granada contra un supermercado en el barrio La Esmeralda, y el 13 de febrero se registraron dos explosiones en las comunas cinco y seis de la ciudad, generando temor entre los habitantes. Estos incidentes evidencian una escalada de violencia que preocupa tanto a las autoridades como a la comunidad.
La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el deterioro de la situación de seguridad en el departamento del Cauca, instando a las autoridades a implementar medidas efectivas para proteger a la población civil y garantizar el respeto por los derechos humanos. Asimismo, organizaciones sociales y comunitarias han hecho un llamado a la paz y al cese de las hostilidades, enfatizando la necesidad de soluciones dialogadas para poner fin al conflicto armado que afecta a la región desde hace décadas.
En respuesta a estos desafíos, el Gobierno Nacional ha anunciado el fortalecimiento de la presencia militar y policial en las zonas más afectadas, así como la implementación de programas sociales que buscan atender las necesidades básicas de las comunidades y ofrecer alternativas a la violencia. No obstante, la complejidad del conflicto y la multiplicidad de actores involucrados hacen que la solución a la problemática requiera de esfuerzos sostenidos y coordinados entre las diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil.
La comunidad internacional también ha expresado su preocupación por la situación en Colombia, instando al respeto del Derecho Internacional Humanitario y ofreciendo su apoyo para facilitar procesos de diálogo y reconciliación. Mientras tanto, los habitantes de Popayán y otras regiones afectadas continúan enfrentando los desafíos diarios que impone la violencia, con la esperanza de que pronto se logre una paz duradera que permita el desarrollo y el bienestar de todos los colombianos.
