Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
El Gobierno Nacional ha proyectado un aumento del 22% en el recaudo tributario para 2025, lo que equivale a 55 billones de pesos adicionales. Esta cifra, que en el papel parece una muestra de ambición y confianza en la economía, ha sido recibida con escepticismo por parte de expertos y analistas, quienes advierten que se trata más de una apuesta riesgosa que de una meta realista. Pero más allá del debate técnico sobre si este objetivo es alcanzable o no, hay una pregunta que debería inquietarnos aún más: ¿qué gana el Gobierno inflando sus expectativas de recaudo?
La respuesta es sencilla y preocupante. Lo que gana el Gobierno con esta estrategia es lo mismo que gana cualquier ciudadano cuando miente sobre sus ingresos para obtener un crédito en el banco. Supongamos que una persona quiere acceder a un préstamo de 100 millones de pesos, pero su capacidad real de pago solo le permite endeudarse por 50. Si en su solicitud le miente al banco y sobrestima sus ingresos, es probable que logre obtener el crédito, se gaste el dinero con gusto y, al llegar el momento de pagar, se encuentre en serias dificultades. En el mejor de los casos, tendrá que ajustar su presupuesto al extremo para cumplir con sus obligaciones. En el peor, no tendrá con qué pagar y se verá acorralado por la deuda.
Ahora bien, en el caso de un ciudadano común, este tipo de engaños pueden derivar en embargos, pérdida de bienes o incluso una mala calificación crediticia. Pero cuando el que miente es el Gobierno, las consecuencias recaen sobre todos los ciudadanos. El Estado, al igual que la mayoría de las personas, opera año a año financiado en gran parte por deuda. Cuando sus cálculos fiscales no cuadran y el dinero no alcanza, las opciones para tapar el hueco son limitadas y todas resultan perjudiciales para la población: o se imponen más impuestos o se ejecutan grandes recortes en el gasto público (inversión social o funcionamiento).
La historia reciente nos ofrece un claro ejemplo de lo que ocurre cuando un Gobierno gasta más de lo que puede. En 2024, la administración no alcanzó su meta de recaudo, lo que la obligó a recortar casi 22 billones de pesos del presupuesto. Esto impactó directamente sectores clave como infraestructura, salud y educación, afectando la calidad de vida de millones de colombianos. Si el escenario de 2025 se repite, podríamos estar enfrentando una crisis fiscal que lleve al país a medidas desesperadas, como un aumento abrupto de impuestos o recortes en programas sociales esenciales.
Más allá de la inviabilidad técnica de la meta de recaudo, lo más preocupante es la falta de transparencia y responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas. Presentar una proyección inflada no solo confunde a los mercados y a los inversionistas, sino que también genera falsas expectativas en la ciudadanía. Se hace creer que el país cuenta con más recursos de los que realmente tiene, lo que facilita un gasto público desmedido y poco sostenible. Es una forma peligrosa de administrar las cuentas nacionales, que sólo posterga los problemas en lugar de resolverlos.
Los efectos de esta estrategia pueden ser muy negativos para la economía. Si el Gobierno no recauda lo que promete, los inversionistas perderán confianza en la estabilidad del país y aumentará el costo del crédito para Colombia. Esto significa que cualquier préstamo internacional que solicite el Estado será más costoso, lo que terminará impactando a todos los ciudadanos con tasas de interés más altas en créditos de vivienda, vehículos y consumo. Además, el peso podría seguir perdiendo valor frente al dólar, encareciendo los productos importados y generando un efecto inflacionario que reducirá aún más el poder adquisitivo de los colombianos.
El panorama es claro: el Gobierno está construyendo su plan fiscal sobre un espejismo. Si las cuentas no cierran, como parece ser el caso, la presión se trasladará a los ciudadanos, que terminarán pagando los platos rotos a través de más impuestos y menor inversión social. El Gobierno Nacional tiene el deber de ser honesto con la ciudadanía y con los mercados financieros. No puede seguir jugando con cifras optimistas que no tienen un respaldo real, porque la factura llegará tarde o temprano, y cuando eso ocurra, el precio lo pagamos todos.
