Por Juan Camilo López Martínez
El pasado 11 de agosto de 2025, Colombia vivió una jornada trágica: el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras haber sido víctima de un atentado ocurrido el 7 de junio durante un mitin en el barrio Modelia de Bogotá. Con tan solo 39 años, Uribe Turbay representaba una figura emergente capaz de trascender diferencias partidistas, y su muerte representa un golpe directo al corazón de nuestra democracia.
No podemos permitir que este acto de barbarie se normalice en el paisaje político. La indignación debe ser el primer paso, la llama que encienda consensos en torno a una defensa férrea de la institucionalidad. Este crimen nos recuerda los peores momentos de nuestra historia, cuando la violencia política erosionaba la esperanza ciudadana.
En momentos como este, independientemente de la filiación ideológica, debemos reconocer que fortalecer la convivencia democrática es una urgencia nacional.
Es momento de que el lenguaje político agresivo dé paso a la moderación. No podemos graduar enemigos ni normalizar la polarización como herramienta política. En lugar de ello, debemos reorientar nuestros esfuerzos hacia el diálogo constructivo, la racionalidad del debate público y el respeto irrestricto por las reglas del juego democrático. Que este hecho nos sirva como detonante para que converjan políticas públicas eficaces, entendiendo que la democracia no se sostiene solo con leyes, sino con el compromiso genuino de todos por evitar que los conflictos escalen en violencia.
Luego entonces, nos corresponde alertar sobre las señales de radicalización que pueden permear en diversos territorios, y especialmente en regiones históricamente afectadas por violencia. La institucionalidad debe ser el escudo protector: fortalecer la seguridad de los actores políticos, transparentar las investigaciones y aplicar justicia con celeridad. No se trata solo de castigar al asesino material, sino de desarticular estructuras criminales que se valen de la intimidación para socavar la democracia.
Este es el momento de actuar con responsabilidad pública, sin caer en respaldos de odio o revanchismo. El duelo colectivo debe transformarse en movilización civil por la paz política: exigiendo protección para liderazgos, garantías para la participación y un compromiso claro por la convivencia plural.
Hoy, más que nunca, Colombia requiere unidad. No basta con condenar el atentado: es urgente construir puentes entre sectores, cultivar acuerdos mínimos que promuevan la vida política sin riesgo, alejada del odio. Este hecho luctuoso nos duele a todos, más allá del color político, porque nos hiere como sociedad. Que esa herida se convierta en motor de reconstrucción democrática, que la institucionalidad se fortalezca y que nunca más logremos graduar enemigos desde las instituciones.
Solo así honramos la memoria de Miguel Uribe Turbay y defendemos la vida. La democracia exige de nosotros un compromiso firme y compartido, que se materialziará en el 2026.
