Por Juan Camilo López Martínez
El jueves 21 de agosto de 2025, Colombia volvió a escuchar el lenguaje de la coordinación violenta: un helicóptero de la Policía fue derribado durante labores de erradicación en Antioquia y, casi en simultáneo, un carro/camión bomba explotó en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali. Los saldos humanos varían según los reportes —entre 13 y 19 fallecidos y decenas de heridos—, pero el mensaje es inequívoco: nuestras brechas de seguridad se están abriendo de nuevo y con mayor sofisticación táctica, incluso con uso de drones, en zonas donde el Estado sigue siendo frágil.
Lo más inquietante, sin embargo, no es solo la letalidad, sino la disonancia en las explicaciones oficiales. El presidente Gustavo Petro atribuyó los ataques a disidencias de las FARC (en particular al Estado Mayor Central) y habló de una “articulación” con economías ilegales que deberían ser perseguidas como terrorismo en el ámbito internacional. El Ministro de Defensa y otras vocerías han ido modulando énfasis y detalles, alternando entre hipótesis sobre estructuras específicas, capacidades de drones y objetivos militares. Ese coro desafinado, en un momento de duelo y alerta, sustituye certezas por conjeturas y erosiona la principal herramienta de la seguridad: la confianza pública.
La contradicción narrativa no es un asunto menor. En escenarios de violencia coordinada, el “comando unificado” no se mide solo en el despliegue operativo sino en la coherencia del relato institucional. Cuando cada alto funcionario sugiere causas o responsables con matices distintos se habilita el ruido informativo, proliferan las versiones no verificadas y se abre espacio a la propaganda criminal. En las horas críticas, el Estado debe ofrecer una versión parsimoniosa, verificable y consistente; hacerlo tarde o hacerlo mal equivale a ceder terreno.
Tampoco podemos obviar el contexto: tres años de una política de “paz total”, que convivió con la expansión territorial y financiera de varias estructuras armadas y con un récord de cultivos de coca que retroalimenta la capacidad de daño de esos grupos. Las cifras y los análisis de prensa internacional y agencias dan cuenta de esa paradoja: mientras se hablaba de desescalar, el crimen organizado modernizó su repertorio, integrando explosivos, drones y control social en corredores estratégicos.
¿Qué hacer? Primero, rectificar el método. Negociar no puede significar abdicar del control territorial ni diluir reglas de enfrentamiento; la política de seguridad debe ser una realidad con prioridades claras: protección de la vida, control de rutas y economías ilegales, y superioridad operacional sostenible. Eso exige un sistema de mando que alinee inteligencia, fuerza pública y justicia, y una comunicación estratégica única, con parte diario, vocería responsable y protocolos para evitar contradicciones en caliente.
Pero pensar que en un año se va a hacer lo que no se hizo en tres, es ingenuidad, por ello hay que blindar el ciclo electoral que ya se insinúa: los atentados no solo matan, también buscan condicionar la conversación pública y probar límites del Estado. Aquí hay un llamado a los partidos y a quienes aspiran a la Presidencia en 2026: pasemos de los eslóganes a propuestas serias y verificables. ¿Cómo van a financiar y gobernar la seguridad en territorios con economías ilegales? ¿Qué metas de interdicción, erradicación y sustitución ofrecerán y con qué trazabilidad? ¿Qué rediseño del pie de fuerza rural, del uso de tecnología anti-dron y de la justicia territorial proponen? ¿Cómo se coordinarán con alcaldías y gobernaciones del suroccidente, donde el conflicto se agudiza?
Finalmente, la seguridad no es un decreto: es una cadena de decisiones coherentes. Si los criminales innovan y coordinan, el Estado debe hacerlo más y mejor. Y para empezar, que la Nación hable con una sola voz. Las familias que hoy lloran no merecen dudas; merecen un gobierno que investigue, combata y comunique con la misma disciplina.
