Por: Harold Mosquera Rivas
El gobierno del presidente Milei ha puesto a consideración del parlamento argentino, un proyecto de reforma laboral que ha causado revuelo en el país de Perón. Se trata de cambios que pretenden flexibilizar las relaciones laborales, de tal manera que estas tengan menor costo para el empleador y como consecuencia de ello, se genere más empleo y se formalice el que se encuentra al margen de la ley.
En materia de jornada laboral, se autoriza un máximo de 12 horas diarias, de las cuales ninguna será pagada como extra, pues podrán ser compensadas en otros días de la semana, según el ministro del trabajo, no se entiende para qué los pobres (trabajadores) quieren tener tanto tiempo libre, si no tienen dinero para disfrutar del mismo, es mejor que trabajen más.
O parodiando a la Cabal, trabajen vagos. Los aportes a la seguridad social para pensión se reducen en un 3 por ciento, que se llevará a un fondo de desempleo, de forma tal que, cuando el empleador necesite despedir a un trabajador sin justa causa, ese dinero le servirá para pagar la correspondiente indemnización, que será el equivalente a 30 días de salario básico por cada año de servicios, antes eran 30 días de salario promedio, incluyendo.
Además del básico, otros pagos como los aguinaldos. Es decir que en promedio se reduce el valor de la indemnización por despido injusto. Esta iniciativa ya está generando movilizaciones y huelgas, protestas que en algunos casos han terminado en enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública.
El costo de vida en Argentina se ha elevado durante el actual gobierno, si bien se ha controlado el precio del dólar, la inflación sigue creciendo y el costo de los bienes y servicios superan el salario mínimo que perciben los trabajadores.
Es reforma, tan controvertida en Argentina, tiene similitudes con las reformas colombianas aprobadas en las leyes 50 de 90 y 789 de 2002, que ahora se han pretendido recoger con la ley 2466 de 2025, la reforma pensional, hoy suspendida por la Corte Constitucional y el incremento del salario mínimo, también suspendido por el Consejo de Estado.
No es seguro que la reforma argentina vaya a generar empleo o que permita formalizar el trabajo ilegal, como tampoco es seguro que la reforma laboral colombiana vaya a generar el desempleo que anuncian los gremios, solo el tiempo dirá con certeza quienes tenían razón.
Lo indiscutible es que, el incremento del 23% del salario mínimo para el presente año, que fue en principio criticado por muchos, hoy es defendido por la mayoría, por temor al efecto político electoral que podría tener la oposición al mismo. Siendo los trabajadores la mayoría de los electores, ningún candidato sensato va a correr el riesgo de perder el apoyo de la clase obrera por enarbolar un discurso contrario a los intereses de estos. Es necesario que la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales cumpla sus funciones constitucionales y legales, de las cuales, la más esperada es la fijación del salario mínimo de cada año.
