La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al excanciller Álvaro Leyva, tras encontrarlo responsable de irregularidades en la licitación para la producción de pasaportes.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
La Procuraduría General de la Nación anunció la destitución e inhabilidad por 10 años del excanciller Álvaro Leyva, tras hallarlo responsable de irregularidades en la licitación para la producción de pasaportes. Esta decisión marca un hito en la política colombiana, al involucrar a una figura de alto perfil en un proceso disciplinario que ha captado la atención nacional.
El proceso disciplinario contra Leyva se originó en septiembre de 2023, cuando se presentaron quejas por presuntas irregularidades en la licitación para la producción de pasaportes, un contrato valorado en aproximadamente 150 millones de dólares. La empresa Thomas Greg & Sons, que había sido la encargada de este servicio durante 18 años, participó en la nueva licitación y cumplió con todos los requisitos establecidos. Sin embargo, el entonces canciller Leyva declaró desierta la licitación, argumentando la necesidad de revisar el proceso. Esta decisión llevó a la empresa a interponer una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos, alegando perjuicios económicos y reputacionales.
Investigación y hallazgos de la Procuraduría
La Procuraduría inició una investigación para determinar si la decisión de Leyva de declarar desierta la licitación se ajustaba a la ley. En enero de 2024, el organismo de control suspendió provisionalmente al canciller por tres meses, al considerar que su actuación podría haber transgredido los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal.
Durante la investigación, la Procuraduría encontró que Leyva habría incurrido en dos faltas disciplinarias gravísimas:
1. Declarar desierta la licitación sin fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos que lo justificaran, a pesar de que la empresa Thomas Greg & Sons cumplía con los requisitos establecidos.
2. Decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que existieran causales para adoptar esa determinación.
Estos hallazgos llevaron a la Procuraduría a destituir e inhabilitar por 10 años a Álvaro Leyva para ejercer cargos públicos.
La sanción impuesta por la Procuraduría podría ser apelada por Álvaro Leyva.
